El Gobierno regional asturiano ha decidido eliminar la limitación de la ayuda a domicilio ordinaria a 20 horas mensuales propuesta inicialmente para los convenios del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, por el que gestionan los ayuntamientos las ayudas.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, tras reunirse con el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Antonio de Luis Solar.

Díaz ha explicado que la intención inicial era limitar la ayuda a domicilio ordinaria a 20 horas mensuales para equipararla con el tiempo de atención domiciliaria previsto para quienes tienen reconocido el derecho subjetivo de dependencia en grado 1. Sin embargo, ha escuchado los "razonables" argumentos de los ayuntamientos.

De esta forma, el Principado quiere respetar la autonomía local, teniendo en cuanta que muchos consistorios reclaman que sean ellos quienes decidan la intensidad de la asistencia, yéndose en ocasiones más allá de las 20 horas.

"El Principado seguirá apoyando a los ayuntamientos" ha subrayando Esther Díaz, que ha repasado continuos contactos que ha mantenido con responsables municipales. Todo en un contexto en el que se han reducido sustancialmente la aportación estatal al Plan Concertado, con un descenso de un 45 por ciento, según la consejera.

Aún así, ha dicho que el Principado ha aumentado en 600.000 euros los recursos para el Plan Concertado en los presupuestos regionales para 2013 respecto a los del año anterior.

Antonio de Luis Solar, por su parte, ha agradecido a la consejera su disposición al diálogo y ha lamentado el descenso de la aportación del Estado a los planes. La eliminación de la limitación de las 20 hora mensuales "permitirá a los ayuntamientos seguir dando servicio, eligiendo el servicio y la intensidad de la atención social".

El presidente de la FACC ha indicado que actualmente es el Principado y los ayuntamientos los que soportan la financiación de los planes concertados, mientras que la Administración central sólo aporta el 1,7 por ciento. Al principio, sin embargo, cada administración costeaba un tercio.