El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el marco del caso Nóos, augura que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, podría "ocultar" sus verdaderos domicilios para "imposibilitar su localización" en caso de que finalmente se traslade a Qatar como segundo entrenador de la Selección nacional de balonmano. Un hecho que para la entidad no supone "un riesgo de fuga, sino una fuga en sí misma".

Así lo pone de manifiesto el sindicato mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para solicitar como medida cautelar la retirada del pasaporte del marido de la Infanta Cristina o, de forma alternativa, la comparecencia semanal del Duque ante el Consulado de Qatar en Doha para asegurar que no se sustraiga de la acción judicial.

Y es que, a juicio de Manos Limpias, su traslado a Qatar implica no sólo su salida de España hacia este país sino también su desplazamiento "a otros países del hemisferio africano y paraísos fiscales", todo ello a pesar del estado en que se encuentra la instrucción de la causa -presumiblemente, afirma, acabará sentándose en el banquillo de los acusados- y de los indicios que pesan sobre él "para creerle responsable criminalmente" de delitos como malversación, falsedad, fraude fiscal o blanqueo de capitales.

La acusación asevera además que, así como cuando Urdangarin fijó su residencia en Washington con toda su familia "estaba bajo la protección del Gobierno de España y existía tratado de extradición", se desconocen las medidas de protección que en esta ocasión "llevaría y si va a estar bajo la protección del Gobierno". A lo que añade que Qatar no tiene tratado de extradición con España.

El sindicato incide en esta misma línea en que su posible condena lo sería por unos delitos "muy graves" que podrían "superar los siete años, lo que conllevaría su ingreso en prisión", al tiempo que recuerda que ya se acordó una medida similar con el expresidente del Govern Jaume Matas "en unas circunstancias similares".

"La retirada del pasaporte no es exagerada ni extravagante, sino proporcional, legal y lógica", recalca la entidad en su escrito, en el que apunta que ésta sería en cualquier caso "la medida menos traumática de todas las posibles medidas cautelares".