El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra, ha considerado que la recuperación de la paga extra de Navidad suprimida por el Gobierno a los empleados del sector público "no es fácil", pero "empiezan a caer algunas cositas" que van en esa dirección.

Así lo ha destacado este miércoles en rueda de prensa en Jaén, donde se ha referido a la "buena noticia" que supone que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) haya pedido "por unanimidad" al Tribunal Constitucional que decida sobre la citada medida al entender que se puede "estar ante una expropiación de derechos económicos de los trabajadores".

"No es fácil, pero empiezan a caer algunas cositas. Pequeñas, pero empiezan a caer", ha asegurado, acompañado de sus homólogos en Andalucía y Jaén, José Luis Heredia y Joaquín Álvarez, sobre la providencia dictada por la Sala de lo Social del organismo castellano-leonés, pero también tras el recurso de representantes sindicales de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), participada mayoritaria y directamente por la SEPI, que ha generado que la Audiencia Nacional pregunte al TC "por la irretroactividad de las leyes".

Igualmente, se ha referido a la sentencia de Tribunal Constitucional de Portugal, que ha sido "claro y rotundo" al decir que "no puede, pase lo que pase, quitarle la paga extra a los funcionarios y pensionistas". Al respecto y tras recordar que en España el sindicato, junto a otros colectivos, ha presentado "en todos y cada uno de los ámbitos" afectados recurso para su recuperación, ha pedido al Gobierno que tome nota de lo ocurrido en el país vecino, ya que los "políticos, cuando han querido, se han mirado en Europa", incluida Portugal.

Mientras tanto, CSI-F va "a seguir en esa lucha" porque lo que no puede ser es que empleado público haya perdido "más de un 30 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos años", a la vez que, por ejemplo, continúa observando que "las comunidades siguen teniendo embajadas en el extranjero", los partidos reciben "subvenciones y prebendas" y se mantiene "el derroche en muchísimas administraciones".

"Lo importante es que la sociedad se conciencie de que la deuda y el déficit de España no ha venido generado ni por maestros, médicos, carteros, policías, jueces ni ese largo etcétera de empleados públicos, sino por los miles de millones gastados por los políticos en cosas que nadie le había pedido que hiciera", ha asegurado Borra, quien ha defendido los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que los trabajadores que los prestan no sean "los que nuevamente vuelvan a pagar los platos rotos de la mala gestión mala que han estado haciendo".

En este punto, también ha recordado los "250.000 puestos de trabajo" que se han perdido en los últimos años en la administración pública, razón, a su juicio, por lo que "el registro central de personal del INE hace varios años que no actualiza los datos". En su opinión, "no les interesa" reflejar esta situación, ya que "indudablemente detrae la calidad del servicio".

Reforma local

Por ello y dado que está sobre la mesa el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha reiterado la petición de CSI-F para que el Gobierno determine "un catálogo de servicios no externalizables para no depender de los partidos de turno". Y es que, según ha añadido, aprecian "un trasfondo de privatización de servicios", constándole incluso que "las grandes empresas del país preparan divisiones para prestar servicio a ayuntamientos", que el sindicato rechaza, insistiendo en que nadie le ha demostrado aún que un servicio sea más barato eficaz y eficiente desde el ámbito privado.

Junto a ello, ha estimado que "unos 150.000 empleados laborales" de los ayuntamientos españoles "pueden ver modificadas sus condiciones laborales", desde pasar a depender de otro organismo a, incluso, el despido, como consecuencia de la reforma de la administración local y de sus efectos en servicios que prestan los consistorios y que creen que "pueden ser o sacados de determinados ayuntamientos o externalizados".

Coste estándar

Por otro lado, preguntado por los ayuntamientos que podrían peligrar por la modificación de la normativa, el presidente de CSI-F ha indicado que "dependerá mucho de la definición de coste estándar" en lo que entra numerosas variables que ha pedido que también determinen, ya que, por ejemplo, no es lo mismo recoger la basura a 7.000 habitantes en un pueblo con un amplio marco geográfico que hacerlo en la Castellana, donde "son tres portales".

Además, según ha lamentado, "en ni un solo artículo" del anteproyecto de ley "se reconoce el derecho a la negociación", de modo que "se habla de movilidad, de cambios de condiciones y no del derecho a que esos trabajadores estén representados", fundamentalmente cuando se trate de cuestiones relacionadas con el coste de personal que debe estar contemplado en el ese coste estándar.