El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha dicho, ante la aprobación prevista este martes por parte del Consejo de Gobierno del decreto de sobre la función social de la vivienda, que "le gustaría" que "se tuvieran en cuenta más las recomendaciones" hechas por la Defensoría sobre este asunto.

Hay que recordar que el pasado julio el Defensor presentó a la Administración andaluza, a través de una sugerencia remitida a la Consejería de Fomento y Vivienda, una batería de medidas para afrontar la situación respecto a la vivienda de muchas familias andaluzas, que ante la imposibilidad de pagar la hipoteca y la falta de trabajo, presentan numerosas quejas a la Institución sobre este asunto.

En este sentido, y en declaraciones a los medios en el Parlamento tras presentar el informe especial sobre 'La situación de los enfermos mentales en Andalucía', Chamizo ha señalado que lo primero que hizo la Institución "fue recordar que las viviendas de VPO, según la propia Ley de Vivienda, no pueden estar cerradas".

"Si lo están, sus propietarios, bancos e inmobiliarias, tienen la opción intentar venderlas a un precio asequible, para que nadie pierda; e incluso, uno de los compradores podría plantearse que fueran las administraciones, a pagar cuando pase la crisis", o "si no se pueden vender, que se pongan en alquiler social a disposición de la gente".

Por último, Chamizo señala que "si no se hace nada, habría que plantearse la posibilidad de expropiación" por pare de la Administración andaluza.