El PRC apoyará este lunes en el Pleno la ley que regula la prohición del fracking en Cantabria, que se debatirá y se someterá a votación este lunes en el Parlamento regional "por convicción" pero teme que sea "sólo un ardid" del PP "para salir del paso" ante la contestación que esta práctica ha suscitado y también que acabe recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

En un comunicado el portavoz parlamentario regionalista, Rafael de la Sierra, ha considerado "extraño y sorprendente" que el Ejecutivo de Diego actúe "por primera vez en contra de las directrices nacionales".

"Si tuviéramos un Gobierno beligerante, con criterio frente a Madrid, reivindicativo o con posiciones distintas en algún otro tema, lo entenderíamos, pero tratándose de este Gobierno y de este presidente nos extraña mucho", ha precisado.

De hecho, De la Sierra ha recordado que los diputados y senadores del PP cántabro votaron hace pocas semanas en las Cortes a favor del fracking, incluida la senadora autonómica y diputada regional, Tamara González, quien —ha dicho el regionalista— este lunes cambiará el sentido de su voto en el Parlamento regional.

Ante esta situación, y tras señalar que el Gobierno de España ha autorizado recientemente "el mayor proyecto de investigación de cuantos se han presentado en Cantabria" para utilizar esta técnica en la extracción de gas, el regionalista ha afirmado que afronta el debate en la Cámara con la impresión de que "se va a aprobar algo que en realidad no va a servir para nada".

"El PRC no puede evitar la impresión de que el PP ha traído aquí una ley exclusivamente por la presión popular, de la gente y de sus alcaldes afectados, para salir del paso, y que el Gobierno de España ya ha decidido recurrirla al Constitucional, solicitando la suspensión de su aplicación, con lo que el fracking continuaría siendo legal en Cantabria durante al menos cuatro o cinco años", ha señalado.

De la Sierra ha agregado que ese temor de los regionalistas "se confirmará o se disipará" en un breve espacio de tiempo, dado que el plazo para recurrir al Constitucional es de tres meses y será entonces cuando se compruebe si el Gobierno de Cantabria ha pretendido "una trampa" para "engañar de nuevo a todos, incluidos sus votantes, sus alcaldes y sus cargos públicos".

La postura del prc

Por otro lado, el regionalista ha defendido que la ley para prohibir el fracking en Cantabria es "oportuna, conveniente, necesaria, demandada socialmente" y, en su opinión, "ajustada a las competencias" autonómicas por lo que "espera que se respeten".

De la Sierra ha defendido que la postura del PRC es "la lógica" a la vista de los riesgos "ciertos, graves e importantes" que, a su juicio, conlleva el fracking, sobre todo en materia de contaminación de la atmósfera, los acuíferos y aguas subterráneas, presión sobre la biodiversidad y agresión al territorio y al paisaje.