El Gobierno de Cantabria ha publicado este viernes la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a todos los ayuntamientos destinadas a financiar inversiones de competencia municipal, que cuenta con una dotación de 64,2 millones de euros que el Ejecutivo financiará en cuatro anualidades a partir de 2016, y que garantizará al menos 1.038 puestos de trabajo según los parámetros de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España (SEOPAN).

Las actuaciones —relativas a competencias de la Consejería de Obras Públicas en infraestructuras municipales— deberán realizarse entre octubre de 2013 y diciembre de 2015 y las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, corresponden al 80% de los proyectos, mientras que el 20% restante lo tendrán que aportar los ayuntamientos, bien de sus propios fondos o de otros que obtengan y será compatible con otro tipo de ayudas. De este modo, solo en ejecución de inversiones habrá más de 80 millones de euros.

La orden se estructura en función del número de habitantes de los ayuntamientos y contempla una cantidad máxima de gastos subvencionable que va desde los 300.000 euros para los ayuntamientos de 2.000 habitantes o menos hasta los 3,3 millones de los que tengan entre 124.001 y 188.000 habitantes, es decir, Santander.

La orden se ha presentado en rueda de prensa por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez, quienes han destacado que la misma supone un paso "especialmente importante" para fomentar la actividad económica a través de la inversión pública en colaboración con los ayuntamientos.

El presidente ha subrayado que esta orden "justa y estructurada" responde a necesidades y demandas municipales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y que nace del principio de trato igualitario a los ayuntamientos, mientras que el consejero ha destacado que supone "un hito" porque se trata del primer plan de infraestructuras municipales por concurrencia competitiva al que se podrán presentar los 102 municipios.

Igualmente da respuesta a las demandas de "reactivación" de un sector "trascendental" para la economía cántabra y la generación de empleo como es el de la construcción y la obra pública. "Da aire a un sector que lo necesita y abre expectativas de creación y mantenimiento del empleo", ha recalcado Diego.

También ha remarcado en que la propuesta —objeto de un largo proceso de elaboración que ha conllevado 27 borradores— nace del principio de trato igualitario a los ayuntamientos mediante convocatoria aunque no habrá flexibilidad para los ayuntamientos que no puedan solicitar más deuda.

Cooperación y objetividad

Rodríguez ha explicado que la orden se basa en la cooperación, progresividad y objetividad, aunque se incide en el apoyo a los ayuntamientos más pequeños, donde los servicios son más caros y por tanto requiere una inversión superior, mientras que los grandes tienen "garantías de recibir más ingresos".

Al respecto, el consejero ha indicado que hasta ahora las inversiones en infraestructuras municipales eran subjetivas y este Gobierno ha querido que todos los ayuntamientos tengan los mismos derechos, "independientemente de quién gobierne".

El titular de Vivienda ha destacado que la orden garantiza que Cantabria dispondrá de obras, que los 102 ayuntamientos cumplirán sus necesidades y que se generará empleo. "Es una orden para movilizar todos los recursos de las administraciones" y también para la cooperación porque en su opinión "no es normal" que haya ayuntamientos que pidan inversiones a su departamento "cuando ellos no tienen un euro de deuda". "Ahora se podrán endeudar porque saben que tienen garantizado el pago", ha subrayado.

Además, se permitirá a los ayuntamientos ceder los derechos de cobro a entidades financieras o contratistas.

En este sentido, ha considerado que se presentarán proyectos "auténticamente necesarios" porque los ayuntamientos tendrán que aportar al menos el 20% de la inversión, además de hacer los proyectos.

Y ha destacado que la gestión del gasto público será "muy estricta" porque sólo se subvencionará el ejecutado en función de la adjudicación. "No vamos a permitir que se subvencione ningún modificado de obra", ha asegurado, precisando que ello garantizará que se presenten los mejores proyectos, que se tendrán que hacer en seis meses con el fin precisamente de que no haya modificados.

Tampoco se permitirán proyectos de menos de 50.000 euros con el fin de que todos sean negociados, facilitando de este modo una gestión transparente y el rigor en el gasto del dinero público.

Así también se da una oportunidad de empleo a los profesionales independientes y a los autónomos para hacer proyectos durante los dos próximos años.

En cuanto a la valoración del proyecto, se tendrá en cuenta la necesidad de las obras, su utilidad para los vecinos, la racionalidad en el gasto y la eficiencia energética.

Rodríguez ha explicado que, dada la situación económica de Cantabria y de su departamento, que no puede acometer inversiones porque debe pagar obras ejecutadas por gobiernos anteriores, con esta orden se consigue "dinamizar el sector y garantizar que en estos dos años en que en la Consejería no va a tener recursos para inversiones cientos de empresas de Cantabria puedan sobrevivir y general empleo".

El responsable de Obras Públicas ha confiado en que a finales de este año o principios de 2014 ya se puedan ver las primeras obras fruto del fondo.

Diego y Rodríguez han trasladado al presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Julián Vélez, su intención de presentar la orden a los alcaldes la próxima semana.

ORDEN

En las bases reguladoras de la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria se señala que las obras que el Ejecutivo regional subvencionará son inversiones de carácter municipal que tengan por objeto el alumbrado público, la pavimentación de las vías públicas, la construcción de parques e instalaciones de uso público, edificios públicos, tanto destinados al uso general como al funcionamiento operativo de los servicio, la urbanización, accesos a núcleos de población, accesibilidad en espacios públicos "y otras infraestructuras viarias que resulten necesarias para la prestación de los servicios de competencia municipal".

Los gastos subvencionables deberán realizarse en el periodo comprendido entre la fecha de adjudicación de cada contrato y el 31 de diciembre de 2015.

La cantidad máxima que se podrá conceder a cada ayuntamiento será el 80 por ciento del gasto subvencionable, con los siguientes límites: 300.000 euros para los ayuntamientos de población menor o igual a 2.000 habitantes; 600.000 euros para los de entre 2.001 y 4.000 habitantes; 900.000 euros para los de entre 4.001 y 8.000 habitantes; 1,2 millones de euros para aquellos que tengan una población de entre 8.001 y 12.000 habitantes; 1,5 millones para los que poseen entre 12.001 y 20.000 habitantes; 1,8 millones para los de población entre 20.001 y 28.000 habitantes; 2,1 millones para los comprendidos entre 28.001 y 44.000 habitantes; 2,4 millones para los que tienen entre 44.001 y 60.000 habitantes; y, finalmente, 3,3 millones de euros para los de una población comprendida entre 124.000 y 188.000 personas.

En las bases figura que cada ayuntamiento "presentará una única solicitud de subvención, comprensiva del proyecto o proyectos para los que se solicitan las ayudas reguladas", y que el plazo de presentación de las solicitudes será de seis meses a partir del día siguiente de la publicación en el BOC de la orden, es decir, a partir de mañana, 6 de abril, y hasta el 5 de octubre, ambos inclusive.