Los sindicatos CCOO, STAJ, CSIF, UGT,

Usipa y csi han convocado una concentración este viernes, de 12.00 a 13.00 horas, frente a los Juzgados de Decano Prendes Pando, para mostrar su rechazo total al anteproyecto de ley de la reforma integral del Registro Civil, según una nota de prensa de CCOO.

A modo simbólico, se entregará a las personas que acudan al Registro Civil una factura de lo que supondría la gestión realizada con el cambio legal propuesto. Asimismo, a las 12.30 horas está convocada allí una asamblea de funcionarios.

En el acto de esta protesta, asimismo, se continuará con la campaña de recogida de firmas contra la citada reforma que, según estos sindicatos, supone una privatización radical de la tramitación de los actos y hechos que guardan relación con la identidad de las personas. Una privatización, la del Registro Civil, que afectará en el conjunto del país, a nivel laboral, a 3.500 puestos de trabajo.

Para ellos, implica "un paso más" en la política del ministro de Justicia, Gallardón, de desmantelameinto de la Administración de Justicia, y una vez más "unilateralmente", sin negociar la Ley ni consensuarla con nadie.

Entre otras cosas, han advertido que supondrá convertir un derecho de los ciudadanos de acceso a un servicio público universal y gratuito en uno con coste, que sólo beneficiará a los registradores de la propiedad y perjudica al resto de la ciudadanía, al tener que empezar a pagar por solicitar una fe de vida, una copia del certificado de nacimiento o defunción o un acta de matrimonio o libro de familia.

Unido a ello, UGT, a través de una nota de prensa, ha incidido en las consecuencias nefastas que puede tener para el empleo en la totalidad de oficinas del Registro Civil en España. Asimismo, ha apelado al carácter recaudatorio de la medida y ha puesto de ejemplo que solamente en el Registro Civil de Oviedo un día normal se expiden entre 300 y 350 certificaciones para DNI, de defunción, fe de vida, matrimonio u otros, lo que a una media de 20 euros por actuación, supondría recaudar un mínimo de 6.000 a 7.000 euros diarios.

También han reprochado que "la privatización y negocio que se pretende hacer de los Registros Civiles, se está realizando a hurtadillas". En el caso de Asturias, han asegurado que miembros del Colegio de Registradores han visitado ya algún Registro y formulado preguntas a los funcionarios, acerca del número de actuaciones que se llevan a cabo a diario, así como se ha calculado los metros de las instalaciones. En este sentido, UGT ha pedido una explicación acerca de quien autorizó las citadas visitas.

Que dé marcha atrás

Por todo ello, exigen al Ministerio de Justicia: Que dé marcha atrás en su decisión de entregar los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles; que reconozca expresamente la condición de servicio público esencial de los Registros Civiles y que en los mismos continuarán prestando servicios el personal de la Administración de Justicia; y que, en su caso, se garantice en la Ley de los Registros civiles, todos los puestos de trabajo, tanto del personal titular como personal interino, destinado en los Registros Civiles, únicos o compartidos, de toda España.