El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha solicitado este jueves una reunión urgente con la Comisión Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para conocer su postura ante la reforma local planteada por el Gobierno de la Nación. Valderas ha señalado además que espera reunirse de nuevo, en breve, con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para trasladarle el informe y los motivos del rechazo de la Junta a esa reforma.

Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo del Pleno del Parlamento, ha explicado que la propuesta de reforma que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa no es la que necesita el nivel local, ya que lo único que lograría es una "deconstrucción" de todo el terreno ganado durante más de treinta años en la implantación efectiva de la autonomía local.

Asimismo, ha señalado que existen serias dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta del Gobierno central por considerar que atenta contra el principio mismo de autonomía local, constitucionalmente garantizado. Ha apuntado que si esto es así, el Gobierno andaluz no tendrá ninguna duda a la hora de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Valderas ha subrayado que estamos ante una "agresión clara" contra los municipios más pequeños y ha calificado los planteamientos que recoge el documento de una "marcha atrás" en el desarrollo del municipalismo y "un paso adelante en el camino de la privatización de los servicios municipales por parte del Gobierno central con las políticas que está aplicando".

Ha resaltado que esta reforma supondrá el fin del poder local, ya que implica la recentralización y el control por parte del Estado, lo que además supone "un atentado" contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Ha expuesto que la reforma "ataca" las competencias y la autonomía política de los municipios volviendo a los modelos preconstitucionales; elimina el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público; es un "ataque" a la descentralización que plantea el Estatuto andaluz, y, en estos tiempos tan difíciles, supondrá la pérdida estimada de más de 40.000 empleos en esta comunidad.