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Los Ruiz-Mateos aseguran que la Junta aprobó los cinco ERE de Nueva Rumasa sin "ningún tipo de irregularidad"

La familia Ruiz-Mateos ha asegurado que la Junta de Andalucía aprobó los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que Nueva Rumasa llevó a cabo en la región y que éstos se acogieron "perfectamente" a la legalidad, al tiempo que ha precisado que dichos expedientes se realizaron sin "ningún tipo de irregularidad".

La familia Ruiz-Mateos ha asegurado que la Junta de Andalucía aprobó los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que Nueva Rumasa llevó a cabo en la región y que éstos se acogieron "perfectamente" a la legalidad, al tiempo que ha precisado que dichos expedientes se realizaron sin "ningún tipo de irregularidad".

En concreto, Nueva Rumasa llevó a cabo cinco ERE en cuatro compañías del grupo, concretamente en Dhul (Granada), en la que se realizaron dos, en las bodegas Garvey y Zoilo Ruiz-Mateos (Jerez de la Frontera, Cádiz) y en el Hotel Cervantes (Torremolinos, Málaga).

Dichos ERE, según ha precisado la familia, se realizaron para rejuvenecer las plantillas de cada una de las compañías, sustituyendo íntegramente el personal que se prejubilaba por personas más jóvenes.

"Todos y cada uno de los cinco ERE se realizaron de acuerdo perfectamente a la legalidad y fueron aprobados y concedidos por la Junta de Andalucía en su día, que era la encargada de autorizarlos y realizarlos bajo su control", ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que todos los pagos que se efectuaron para ello por parte de las empresas para poder realizar dichos expedientes, tanto a los trabajadores como a las compañías de seguros, estaban "controlados y supervisados" por la propia Junta de Andalucía.

Igualmente, los cinco ERE a los que se acogieron dichas empresas se realizaron "de plena conformidad, con la supervisión, autorización y satisfacción" de todos los miembros de los comités de empresa de cada una de las compañías, sin que la familia Ruiz-Mateos conociera, según asegura, ningún tipo de irregularidad.

"Desconocemos total y completamente el uso y disposición que determinadas personas hayan podido hacer de los fondos públicos disponibles para los ERE y que actualmente está bajo investigación judicial", han afirmado los Ruiz-Mateos.

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