La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos hombres a la pena de nueve meses de cárcel por dar una paliza al propietario de una urbanización privada que les recriminó por aparcar los vehículos que conducían dentro de la misma.

Así consta en un fallo de la sección primera de la Audiencia, difundido este lunes y recogido por Europa Press, y que rebaja la condena de un año y tres meses impuesta en diciembre de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander a los acusados, al aplicar la atenuante de las dilaciones indebidas.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2008, cuando los acusados, D.C.B. y N.J. G., —que estaban en compañía de dos menores de edad que fueron juzgados y condenados por lo ocurrido y junto a otras dos jóvenes contra quienes no se formuló acusación alguna—, accedieron con un coche y una furgoneta al interior de la urbanización privada, ubicada en la localidad de Puente Arce.

Al entrar, fueron recriminados por el propietario, que les dijo que debían salir de allí, ya que no podían aparcar al tratarse de un recinto privado.

Ante esto, los ocupantes del coche salieron del mismo y amenazaron al hombre con pegarle, en tanto que el conductor daba acelerones. Seguidamente, el otro acusado, que conducía la furgoneta, salió del vehículo y golpeó al hombre, acudiendo también los ocupantes, que le dieron golpes y patadas, marchándose a continuación del lugar.

A consecuencia de la paliza, el hombre sufrió un sangrado nasal, desviación mínima del tabique nasal, rotura del esmalte de dos dientes, hematomas, y fracturas del radio de las muñecas izquierda y derecha, que precisaron intervención quirúrgica, entre otras lesiones.

La víctima permaneció en el hospital 111 días, impedido para sus ocupaciones habituales, y entre las secuelas le quedaron una cicatriz de 8,5 centímetros en el antebrazo izquierdo, material de osteosíntesis en la muñeca izquierda, limitación de la flexión dorsal o dolor en el resto de movimientos articulares.

Por todo ello, los acusados fueron condenados a un año y tres meses de cárcel, pena que rebaja ahora la Audiencia a nueve meses, y a indemnizar a la víctima con más de 6.000 euros por las lesiones sufridas y 7.254 por las secuelas que le quedaron. Asimismo, deberán abonar 130 euros al Servicio Cántabro de Salud (SCS) y 939 euros por los intereses legales, además de pagar las costas judiciales.