El Grupo Parlamentario Regionalista presentará una proposición no de ley para exigir al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, al Gobierno y a los representantes de la comunidad en las Cortes que incluyan en la futura modificación de la Ley de Montes cambios "positivos" para los intereses de Cantabria, de forma que se respeten los derechos "reconocidos históricamente" a los afectados por esta normativa.

En concreto, el PRC exige a Diego que, ahora que el PP tiene mayoría absoluta en Cantabria y en España, y dado que la modificación de la Ley de Montes se va a llevar a cabo, presente y apruebe las modificaciones necesarias para garantizar la titularidad de los afectados y la gestión de consorcios en la forma que tradicionalmente se hacía en Cantabria.

Según los regionalistas, dado que "con toda seguridad" se va llevar a cabo una modificación de la Ley de Montes estatal, ahora es el "momento oportuno" de que Cantabria se pronuncie sobre una normativa que es "totalmente injusta" con los intereses de la comunidad.

Además, han recordado que la modificación de la ley de 2003 era una promesa electoral que el presidente regional ha incumplido, subrayando que ahora "si quiere, puede" llevarla a cabo porque el PP tiene mayoría en Cantabria y en España.

Así lo han dicho en rueda de prensa el vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, y el diputado regionalista, Fernando Fernández, quienes han denunciado la "preocupación" de los afectados porque no se les da una solución como prometió el PP.

De la Sierra, que ha precisado que la iniciativa parlamentaria responde a lo acordado en la Asamblea General del Asón-Agüera pero también a peticiones de alcaldes, presidentes de juntas vecinales, simpatizantes del PRC y afectados, ha recordado que Diego prometió en campaña que si salía elegido presidente, en cien días introduciría una disposición transitoria en la Ley de Montes por la que los dominios públicos permanecerían como estaban antes de 2003 mientras se buscaba una solución particular para cada caso.

Sin embargo, pasados dos años, el presidente "no ha hecho nada" y el problema "va a peor", ha denunciado el regionalista, que también ha criticado que ni el Gobierno, ni los diputados regionales del PP ni sus congresistas y senadores han "dicho nada" sobre la solución del problema de montes, que es de carácter nacional.

Tras dos años en los que no se han dado "pasos significativos", en su opinión, ahora es "el momento oportuno" para actuar porque en España "se está planteando" la modificación de la Ley de Montes, y por eso ha exigido al Gobierno, al Grupo Popular y a los representantes en las Cortes que "den el paso para modificar la Ley de Montes en este aspecto que es tan injusto para Cantabria".

En concreto, les reclama que planteen las modificaciones necesarias para "resolver en justicia" todas las situaciones de propietarios de montes que han venido actuando como tales, reconocidos por la Administración con actuaciones como el cobro del IBI, la escritura en el Registro de la Propiedad, etcétera; que se modifique la ley para que pueda mantenerse el sistema tradicional de consorcios, que "tan buen resultado ha dado en Cantabria y que ha permitido conservar nuestros montes"; y que se establezca la disposición transitoria que quería el presidente para, en tanto se solucionan estos problemas, la ley no se aplique.

"Pedimos que se apruebe una medida que ellos (el PP) consideraban posible y que ya no hay razón para no aprobar porque tienen la mayoría", ha recalcado De la Sierra.

Se trata de una propuesta muy similar a la que planteó el PRC en el Parlamento hace un año y que fue rechazada por el PP alegando que no era necesaria porque se iban tomar medidas, ha recordado el diputado. Pero el problema de la Ley de Montes no se ha solucionado y por tanto, tampoco el de los consorcios de ayuntamientos y juntas vecinales, ni el del reconocimiento de la propiedad.

En este sentido, el portavoz ha afirmado que, según los afectados, los casos solucionados son "mínimos" y afectan a situaciones "muy singulares". El Gobierno, por su parte, no ha respondido a las preguntas de los regionalistas al respecto, que volverán a plantear este miércoles a la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en Comisión parlamentaria.

Sin embargo, según reconoció el director general de Montes, Javier Manrique, en la reunión celebrada en Soba, sólo se han resuelto 25 expedientes en sentido positivo, ha precisado Fernández, quien ha acusado al PP de utilizar a los afectados de montes como "ariete" contra el Gobierno cuando estaban en la oposición, y que ha remarcado que la seguridad jurídica de éstos pasa la modificación de la ley estatal.