Los Socialistas de Mallorca presentan más de 600 alegaciones a la modificación del contrato de Tirme

Los Socialistas de Mallorca han registrado este lunes en el Consell de Mallorca más de 600 alegaciones a la aprobación inicial de la modificación del contrato de Tirme impulsada por el PP para permitir la importación de residuos en la isla.
Sílvia Cano, Jaume Garau, Mercedes Garrido
Sílvia Cano, Jaume Garau, Mercedes Garrido
PSIB
Sílvia Cano, Jaume Garau, Mercedes Garrido

Los Socialistas de Mallorca han registrado este lunes en el Consell de Mallorca más de 600 alegaciones a la aprobación inicial de la modificación del contrato de Tirme impulsada por el PP para permitir la importación de residuos en la isla.

La secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Sílvia Cano, acompañada por los portavoces del partido en la institución insular, Jaume Garau y Mercedes Garrido, ha explicado que la campaña de movilización que han emprendido el partido ha conseguido recoger un gran número de apoyos de la ciudadanía en forma de alegaciones, por lo que han presentado más de 600 en el registro del Consell, así como otras en los de diferentes ayuntamientos de Mallorca.

En un comunicado, Cano ha recordado que ésta es la primera vez que la ciudadanía ha podido mostrar su opinión sobre la importación de residuos puesto que ha sido "un proceso oscuro, hecho por la puerta de atrás, sin consenso y sin hablar con nadie".

La socialista ha remarcado la "gran movilización ciudadana" que ha habido contra el modelo medioambiental del PP y ha asegurado que "la sociedad mallorquina ya ha demostrado su oposición a la iniciativa de los 'populares' porque "no queremos ser el basurero de Europa".

Así, Cano ha reclamado la nulidad de esta modificación y ha considerado que la alternativa pasa por hacer un nuevo concurso del contrato de tratamiento de residuos que no implique la importación de basura "ni subidas abusivas de la tasa".

En sus alegaciones, los socialistas mantienen que esta modificación para permitir la importación de residuos "va en contra de los principios de igualdad y transparencia en la contratación" y que, además, no se ha da el interés público necesario para modificar el contrato.

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