La Fiscalía Anticorrupción pidió el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero al entender que la nueva investigación desarrollada por la Guardia Civil en relación a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos apunta a "una mayor implicación" del imputado "en la trama delictiva y en el sistemático enriquecimiento de varias de las personas ya imputadas".

Tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción, la juez Mercedes Alaya ordenó su ingreso en la cárcel de Sevilla-I basándose fundamentalmente para ello en "la posibilidad de que la actuación del inculpado pueda obstaculizar las diligencias de investigación, así como malograr el fin perseguido con el secreto decretado de las actuaciones, pues estando en libertad puede influir en medios de prueba que pudieran serle desfavorables", a lo que se suma "la escasa colaboración y el escaso nivel de respuesta" del imputado.

Según el acta sobre adopción de medidas cautelares, personales y pecuniarias, consultada por Europa Press, el Ministerio Público pidió el pasado miércoles el ingreso en prisión de Guerrero —que ya estuvo en la cárcel entre marzo y octubre de 2012, cuando abandonó la misma tras pagar una fianza de 50.000 euros—, dado que los delitos que se le imputan están castigados "con penas de prisión que pueden ser superior a los cinco años".

"La adopción de una nueva medida cautelar más gravosa que las ya adoptadas, requiere una nueva valoración de los hechos nuevos hoy conocidos, hechos nuevos que determinan una mayor implicación de Guerrero en la trama delictiva y en el sistemático enriquecimiento de varias de las personas ya imputadas", dice Anticorrupción, que asevera que ello "no hace sino remarcar la gravedad de los hechos y, por ende, el aumento de sus futuras responsabilidades penales".

El Ministerio Público solicitó su ingreso en prisión "tras la exposición de los hechos que se le imputan y tras las contestaciones dadas", añadiendo que "aumenta considerablemente el riesgo de fuga al haber aumentado sus futuras responsabilidades penales".

Asimismo, pidió su ingreso en la cárcel ante "la necesidad de evitar que en situación de libertad pueda entorpecer todas las investigaciones policiales pendientes tendentes, tanto a determinar el exacto volumen de su enriquecimiento personal, como las investigaciones policiales tendentes a determinar la identidad de todos los destinatarios finales del dinero público del que ilícitamente los imputados se han apoderado".

El letrado de Guerrero, que esta semana pedirá su puesta en libertad, se opuso a la solicitud de Anticorrupción al no considerar que "las nuevas imputaciones manifestadas" por la juez Alaya "modifiquen sustancialmente las que ya había, las cuales tenían la gravedad suficientes como para que en su momento fuera enviado a prisión".

Además, añade, "el fundamento de la prisión preventiva no es el escarmiento o el adelanto de una pena, sino otras finalidades que vienes establecidas" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", punto en el que asevera que "no existe en estos momentos ninguna posibilidad de modificar o alterar las pruebas, como no las hubo en aquel instante".

Así, "continúa siendo imposible la posibilidad de influir sobre ninguna de las personas imputadas en las presente causa, o que puedan ser imputadas en un futuro, al no tener relación con ellas", a lo que se suma que durante el tiempo en el que ha permanecido en libertad provisional "ha manifestado su disposición absoluta para este juzgado".

Además, "las nuevas imputaciones no se agravan hasta el extremo de que se tenga que acordar esta medida", por lo que se opuso a la adopción de la prisión provisional solicitada por el fiscal.