Los diputados autonómicos del PP por la provincia de Almería José Cara, Rosalía Espinosa y José Jesús Gázquez han exigido este lunes la dimisión del vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, por "amparar a un gobierno corrupto" en su coalición con el PSOE al frente del Ejecutivo andaluz, al que responsabilizan además de la trama de presunta corrupción de los ERE irregulares.

En rueda de prensa, Cara ha señalado que la parlamentaria almeriense de IU, Rosalía Martín, debería "pedirle a Valderas que dimitiera" en lugar de pedir "la disolución de las Cortes en España y la dimisión de Rajoy" ya que a través del Gobierno "en solo un año ha llevado a cabo importantes reformas con las que ha logrado que nuestro país sea respetado en Europa y en el resto del mundo".

El parlamentario 'popular' ha lamentado que desde IU hablaran de "regeneración democrática, transparencia y honestidad" antes de las elecciones y que después "cambiaran todo esto por varias consejerías pese a saber que están amparando la corrupción".

"Las siete plagas de las que habla Rosalía Martín son las herramientas necesarias que utiliza el Gobierno para luchar contra el déficit y el paro. Y ella, lo que debería preguntarse es por qué está amparando un gobierno corrupto. Nos sorprende que pida dimisiones cuando el Gobierno de España ha dejado muy claro que está anteponiendo los intereses de los españoles a los del partido, algo que no ocurre en Andalucía", ha dicho.

En la misma línea, los parlamentarios andaluces del PP en Almería han pedido también la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "aunque sea por no haberse dado cuenta de lo que pasaba delante de sus narices, y por desoír hasta en 17 veces las advertencias del interventor de la Junta para que no se engordara más la partida del fondo de reptiles".

Para el parlamentario del PP, Griñán "no puede eludir más su responsabilidad y quedarse ciego ante la evidencia". "Él es partícipe, cajero y encubridor de la trama", ha apostillado tras insistir en que el caso que instruye la juez Mercedes Alaya es "el mayor caso de corrupción realizado por una administración pública en la historia de España, un caso en el que se han robado de la Junta más de 1.000 millones de euros, que han sido sustraídos de la Consejería de Empleo, dinero que iba destinado a los parados".