UPA-UCE Extremadura ha incidido en el Día Mundial del Agua en que una "adecuada" gestión pública de este recurso contribuye a la "fijación de la población en el medio rural extremeño y a la creación de riqueza en la región".

El secretario de Organización de UPA-UCE, Miguel Leal, ha advertido de loa "riesgos" de "mercadear" con su gestión, y ha aseverado que la organización agraria pretende que el agua "siga siendo un bien público", por lo que ha rechazado los denominados bancos de agua, que lo "único que pretenden es comercializar un derecho universal".

De esta forma, UPA apuesta por reforzar el "control público" del uso y de la calidad de agua y de potenciar la participación y la corresponsabilidad de los usuarios, entre ellos los regantes.

Así, ante la "mercantilización" de la gestión del agua, la organización agraria "sigue apostando" por el desarrollo de los "bancos públicos del agua", según ha expuesto en nota de prensa.

UPA también ha señalado el "esfuerzo" que están realizando los agricultores en la modernización de los regadíos para mejorar la eficiencia en el uso del agua y que, según los datos de un reciente estudio del Ministerio de Agricultura, se traslada a una progresiva disminución de la superficie regada por el sistema de gravedad y el continuo aumento de los demás sistemas, entre ellos el riego localizado.

"Sin embargo, seguimos esperando y reclamando la aprobación y puesta en marcha de un nuevo Plan de Modernización del regadío, pendiente desde hace varios años y que sigue congelado debido a la falta de financiación pública", ha lamentado.

En relación al proceso de planificación hidrológica en las diferentes demarcaciones, esta asociación de agricultores pone de manifiesto su "preocupación" por el "gran retraso" en su aprobación y sus repercusiones, entre otras las "fuertes sanciones" que "impondrán desde la Comisión Europea".

Desde la organización se está trabajando para que las disponibilidades de recursos para el sector agrario en la futura planificación "sean acordes con las necesidades de mantener una agricultura productiva, y en aquellas situaciones que se puedan producir determinadas restricciones -como en periodos de sequía- se establezcan ciertos criterios de prioridad de índole socioeconómicos como las explotaciones prioritarias o los agricultores profesionales".

En cuanto al proceso de planificación, le "preocupa" la aplicación del principio de recuperación de costes establecido en la directiva de aguas de la UE. En este sentido, UPA estima "muy necesario" que se apliquen los criterios de excepcionalidad contemplados en dicha directiva, en relación al impacto socioeconómico y viabilidad económica para el sector agrario, y en especial para la agricultura familiar, por lo que puede suponer de "elemento diferenciador" con el objeto de favorecer una política de desarrollo rural "sostenible y un tejido social vivo en el medio rural".