CCOO dice que el Consejo Económico y Social muestra una "gran falta de consenso" sobre el proyecto de renta básica

El sindicado CCOO ha señalado que el Consejo Económico y Social ha mostrado una "gran falta de consenso" sobre el proyecto de ley de renta básica del Gobierno de Extremadura.

El sindicado CCOO ha señalado que el Consejo Económico y Social ha mostrado una "gran falta de consenso" sobre el proyecto de ley de renta básica del Gobierno de Extremadura.

En nota de prensa, CCOO ha informado de que el Consejo Económico y Social de Extremadura "casi dictamina en contra" del proyecto de Ley de Renta Básica presentado por el Ejecutivo regional.

"Con ocho votos positivos frente a siete negativos, el estudio sobre el proyecto del Ejecutivo obtuvo una ajustadísima mayoría que refleja la falta de consenso social en el contenido de esta normativa", ha indicado.

En esta línea, ha apuntado que CCOO y UGT presentaron un voto particular y un "texto alternativo más ambicioso", que recoge una renta básica "real", contemplada como un "verdadero derecho subjetivo y universal" y dotado con una cuantía económica que sea "suficiente y sí atienda realmente las necesidades de la población en riesgo de exclusión".

De esta manera, según ha indicado, el "voto positivo" de empresarios, organizaciones de consumidores y el Consejo de la Juventud dio por válido, por un "estrecho margen", un dictamen "menos crítico sobre el borrador de ley del Gobierno frente a otro de mayor oposición de los sindicatos y las organizaciones agrarias".

Para CCOO, lo que presenta el Ejecutivo de Monago como renta básica "no reúne los elementos fundamentales de ese concepto", porque "en la práctica no será un derecho universal y subjetivo, no tendrá un presupuesto suficiente, no se ofrecerá al número de personas que realmente lo precisan y está limitado en el tiempo, cuando es algo que debe durar hasta que se sale de la situación de necesidad".

"empeora" las aises

El sindicato CCOO, según ha apuntado, puso el acento además en que el proyecto "empeora en gran parte" las condiciones de las ayudas que ya existían desde hace mucho tiempo con esta finalidad, las conocidas como Ayudas para la Integración en Situaciones de Emergencia Social (AISES), que el Gobierno de Extremadura "ha hecho desaparecer".

De esta manera, la nueva ley "endurecerá" los requisitos y las condiciones en "varios aspectos importantes", toda vez que, por un lado, las AISES eran para mayores de 18 años y la renta básica será sólo para mayores de 25.

Además, con las AISES se exigía el empadronamiento en Extremadura de un único año y con la renta básica han de ser 4 y, por último, la cuantía de las AISES era de un 75 por ciento del IPREM mientras que la renta básica "se reduce a un 70 por ciento".

"Es intolerable que el Gobierno actual de Extremadura sigue dando la espalda a la dignidad de las personas proponiendo esta cuantía que en su techo máximo puede llegar al 120 por ciento del IPREM, 639 euros, pero que para poder tener ese derecho el borrador contempla que la unidad familiar tiene que tener como mínimo 6 miembros, es decir, una enorme carga familiar", ha aseverado.

PETICIONES

Así, CCOO ha instado al Gobierno de Extremadura a que "como mínimo" la cuantía de Renta Básica sea la que se considera por todas las instancias como umbral de pobreza. "Éste se sitúa, según el INE en 2012, en 15.455 euros para un hogar de dos adultos y dos niños y en 7.355, euros para un hogar de una persona, ha apuntado.

Por eso, el sindicato ha exigido que sea un "crédito ampliable" y además que "se elimine la limitación en el tiempo recogida en el borrador a un máximo de 18 meses". De esta manera, ha indicado que la prestación se debe mantener mientras la situación de necesidad exista y el esfuerzo de realización del Proyecto Integrado de Inserción permanezca hasta conseguir el objetivo de salir de la situación de necesidad.

El sindicato ha criticado además los requisitos y procesos administrativos que se incluyen en el texto, ya que el borrador recoge una "cantidad importante" de documentación a cumplimentar por parte de las personas interesadas en recibir esta prestación.

"No parece muy coherente el exigir documentación que pueda acarrear gastos económicos de certificados a estas personas cuando su situación es casi límite en lo más básico para vivir", ha asegurado.

Del mismo modo, ha indicado que "no es entendible" que el silencio administrativo para esta norma tenga carácter negativo, y "mucho menos" que se tengan tres meses para obtener respuesta, así como que "tampoco tiene mucho sentido que en el cuerpo de la norma tenga mucho más peso el articulado de infracciones y sanciones que el proyecto integrado de inserción".

Por último, el sindicato ha planteado que, teniendo en cuenta que el fin de la renta básica es "solucionar temporalmente" una situación de falta de recursos en tanto en cuanto no se produzca la inserción laboral, habría que decir que, "sin ser el empleo el objetivo de esta ley, sin embargo y de manera complementaria, sí debería estar enmarcada en una estrategia de Orientación, Formación e Inserción laboral".

"Pero esta intención de lograr que las personas encuentren un trabajo no puede ser utilizada desde un punto de vista punitivo, sino planteada como una forma de ayudar a las personas facilitando el acceso al empleo con medidas de orientación, formación e inserción", ha indicado CCOO.

En cualquier caso, para el sindicato CCOO es "lamentable" que, en una época de "carencias" como la que se está atravesando, sobre todo en Extremadura, "se deje pasar una magnífica oportunidad para diseñar herramientas que permitan que toda la ciudadanía de la región pueda tener cubiertas sus necesidades básicas y disponer así de una oportunidad de enfrentarse en mejores condiciones a las situaciones de desigualdad".

El sindicato ha mostrado su convencimiento de que una renta básica, entendida "como prestación universal", ayudaría en los procesos de democratización de la sociedad y favorecería un mejor reparto de la riqueza.

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