El PSOE de la localidad mallorquina de Calvià ha destacado que era su "obligación y responsabilidad" presentar la querella en la que se denuncia supuestas irregularidades en la contratación de la gestión y explotación de la radio municipal, dado que, a su juicio, se debe denunciar ante las autoridades competentes "cualquier actuación que pueda implicar conductas que vayan en contra del bien común y público de todos".

En un comunicado, los socialistas han indicado que en cuanto a la situación procesal de los querellados, "será la Justicia la que determine su posible culpabilidad ante los delitos que se determinen".

El portavoz municipal del PSOE en Calvià, Alfonso Rodríguez, ha manifestado su "respeto" al trabajo de la Fiscalía y la Judicatura, al tiempo que ha aseverado que, en el caso de una posible imputación, será el PP el que "deberá dirimir las posibles responsabilidades políticas en aplicación de su propio código ético".

Rodríguez ha recordado que la querella se presentó contra el actual conseller de Turismo y Deportes y exalcalde de Calvià, Carlos Delgado; su directora de comunicación, Maria José Merino; el actual alcalde del citado municipio, Manuel Onieva; su directora de comunicación, y anteriormente adjudicataria de la gestión de la radio, Antonia Pastrana, el último adjudicatario de la gestión de la emisora municipal, Fernando López.

El dirigente socialista ha sostenido que "ahora es el momento de dejar que la Justicia haga su trabajo con total libertad, como ampara nuestro Estado de Derecho", por lo que ha dicho que la Agrupación Socialista de Calvià tiene "plena confianza en que así será".

Por otro lado, ha recordado que en octubre, el Juzgado de Instrucción número 2 falló una sentencia por una demanda presentada por los socialistas de Calvià en el tribunal contencioso administrativo en la que declaraba que se había adjudicado de forma directa a Antonia Pastrana los trabajos de producción y realización de la programación de la emisora municipal y la explotación de la publicidad de la radio de un modo absolutamente carente de motivación y al margen de la legalidad, tanto en lo que se refiere al procedimiento realmente seguido para la adjudicación, como en la fijación del precio".

A partir de ese momento, el portavoz municipal de los socialistas de Calvià anunció que encargaba a sus servicios jurídicos el análisis pormenorizado de 13 expedientes más de similares características que se realizaron entre 2005 y noviembre de 2011, con un valor total de 1,3 millones de euros, "por si fueran constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos".

El órgano judicial, que ha admitido a trámite la querella, ha procedido a iniciar una investigación, incoando diligencias previas.