El PP presenta cinco enmiendas al proyecto de Ley que modifica las instituciones propias de la Comunidad

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha presentado cinco enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Organización y Funcionamiento de las Instituciones Propias de la Comunidad.

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha presentado cinco enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Organización y Funcionamiento de las Instituciones Propias de la Comunidad.

Como han apuntado fuentes del Partido Popular en un comunicado recogido por Europa Press, la modificación del Proyecto de Ley surge del acuerdo político de octubre de 2012 firmado entre la Junta de Castilla y León, el PP y el PSOE.

Según el comunicado, la mayoría de las enmiendas pretenden completar las funciones del Consejo Consultivo de Castilla y León, para que pueda elaborar "estudios, informes, propuestas sobre asuntos relacionados con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, incluyendo como principal novedad la función de elaborar propuestas legislativas que le encomiende la Junta, así como realizar estudios, memorias o informes que el propio Consejo considere oportuno para el desarrollo de sus funciones".

También plantean aumentar la actividad del Consejo Consultivo al rebajar la cuantía en el caso de las consultas preceptivas en los expedientes de reclamación patrimonial ante la administración de la Comunidad o ante la administración local, pasando a ser preceptivo su informe cuando la cuantía sea igual o superior a 6.000 euros. Con anterioridad esa cuantía se establecía en 50.000 euros. Esta modificación va en consonancia con las cuantías establecidas en otros órganos consultivos autonómicos.

Otro punto propone que el Consejo Consultivo deberá ser consultado en la modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres públicos.

Finalmente, se realiza alguna modificación para adaptar la Ley del Consejo de Cuentas de Castilla y León a la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en su artículo 33.2 .

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