El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha decretado el embargo de una finca ubicada en Cádiz propiedad del exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá, imputado en esta causa.

Así lo establece un decreto dictado el pasado 4 de marzo y notificado este lunes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Juzgado instructor decreta dicho embargo para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 490.324.096,82 euros que le fue impuesta por la juez Mercedes Alaya el pasado día 31 de julio.

El Juzgado recuerda que, el pasado día 26 de septiembre, se concedió al imputado diez días para que designara bienes de su propiedad "en que trabar embargo", tras lo que Barberá dio cuenta de una finca sobre la que ahora el Juzgado decreta el embargo, que notifica al cónyuge del imputado en un decreto contra el que cabe recurso de revisión en el plazo de cinco días.

El caso del churrero de el pedroso

Barberá compareció el día 27 de julio ante la juez Mercedes Alaya, quien le imputó cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial. Una vez finalizada su comparecencia, quedó en libertad con cargos.

Igualmente, y en otro decreto de embargo firmado el pasado día 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda embargar dos fincas ubicadas en El Pedroso (Sevilla) a Andrés Carrasco Muñoz, el churrero de El Pedroso que fue prejubilado en un ERE promovido en 2003 por Aceitunas y Conservas S.A.L. (Acyco), donde nunca trabajó, y a quien la juez Alaya impuso una fianza civil de 147.524,93 euros.

Esta fianza fue confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial después de que el imputado recurriera alegando que "ha sido en todo momento interviniente de buena fe", ya que se trata de una persona que "se encontraba en situación económica precaria, que tenía dificultades de inserción laboral y a quien la autoridad competente gestionó unas ayudas que recibió en la creencia de que tenía derecho a ellas".

1.000

Euros mensuales durante diez años

Frente a ello, la Audiencia argumentó que el imputado fue beneficiario de una ayuda total de 113.480,72 euros, y añadió que la concesión de esta "no vino precedida de la solicitud firmada", sino que "se gestionó, concedió y obtuvo por ser el beneficiario conocedor más o menos allegado al entonces director general de Trabajo".

En la fecha de los hechos, el imputado poseía "un modesto negocio", en concreto una freiduría de churros, en El Pedroso, dice la Audiencia, que recuerda que, en su declaración, este 'intruso' dijo que era padre separado con tres hijos a su cargo y que el dinero procedente del negocio "era insuficiente para atender sus necesidades, siendo su situación económica la que le llevó a pensar que podía ser beneficiario de algún tipo de ayuda".

La Audiencia asevera que la ayuda recibida y solicitada "no era un tipo de ayuda cualquiera", sino que "significaba percibir rentas mensuales de 1.000 euros durante diez años". Es decir, "la ayuda le suponía ingresar más de lo que por la explotación de su propio negocio obtenía, y bastante más de lo que pudiera ser el salario mínimo", por lo que "alegar la buena fe en la percepción de tan cuantiosa suma sin más argumento resulta difícil de admitir".