La patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), reunida este viernes en asamblea con los directores y titulares de sus centros, ha considerado necesaria la apertura de un proceso de diálogo con la Presidencia y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, reclamando ser recibidos "con carácter de urgencia", así como convocar a las entidades afectadas para que trabajen por un Pacto Educativo "que dé la necesaria estabilidad al sector", todo ello ante la anunciada política de recorte de concierto a centros educativos andaluces.

Al respecto, el secretario general de ECA, Carlos Ruiz, ya ha señalado a Europa Press que el colectivo llevará el caso ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige José Chamizo, mientras que también contactará con otros agentes implicados como padres de alumnos, otras patronales o sindicatos de la enseñanza concertada (FSIE y USO) para tratar de formar un frente común.

En un comunicado hecho público tras la asamblea, ECA, "en este contexto de crisis económica y que afecta de forma especial a las familias y a los sectores más desfavorecidos cuyos hijos estudian en nuestros centros", afirma que "redobla" su compromiso por una educación católica "que pueda llegar a todos".

"Con una tasa de paro en nuestra comunidad autónoma del 55 por ciento entre los menores de 25 años, es más necesario que nunca potenciar la inversión en educación y la dotación de los recursos necesarios", ha subrayado Escuelas Católicas de Andalucía, que ha lamentado la "situación de indefensión" en la que se encuentra frente a la administración autonómica "al tomar precipitadamente la decisión de supresión de unidades con una finalidad de disuasión y crear confusión en los padres que eligen nuestros centros".

Por ello, la asociación ha pedido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a la consejera de Educación, Mar Moreno, que "cesen en su empeño de ir debilitando la enseñanza concertada con un ideario católico, no la usen con fines partidistas y no la conciban como subsidiaria de la pública".

Así, ECA denuncia públicamente la supresión "injusta" de unidades concertadas por motivos "partidistas", provocando "el mayor ataque contra la concertada a lo largo de su historia", toda vez que, a su juicio, la supresión "no es consecuencia de la bajada de natalidad, pues los centros afectados tienen demanda suficiente, por encima de la ratio de la zona, ni por cuestiones económicas, pues Escuelas Católicas, como consecuencia de la diferencia del coste entre unidades públicas y concertadas, ahorra al gobierno de Andalucía 698.483.009 euros".

Por último, la patronal ha reiterado que tomará todas las medidas legales a su alcance para defender sus "legítimos" derechos que considera "han sido vulnerados" y defenderá a "los padres que han confiado en nuestros centros por su ideario católico y calidad de enseñanza".