Los trabajadores de Rober, la concesionaria del transporte público de autobuses en Granada capital, han mostrado su rechazo a que el Ayuntamiento proceda a la extinción del contrato al considerar que se va puede traducir en unos 180 despidos y en una "merma de la calidad del servicio".

El presidente del comité, Francisco Barranco (CCOO), ha explicado que se prevé una reducción del 26 por ciento del número de kilómetros en este transporte público y se ha mostrado preocupado por el "impacto" social de este hecho, toda vez que "es un servicio público esencial para la ciudadanía y debe ser tratado como tal".

Este recortes se traducen, en opinión de Barranco (CCOO), en que los ciudadanos van a disponer "de menos flota de vehículos de un servicio de transporte público más deficitario y a su vez se traduce en una pérdida de empleo que el sindicato ha cifrado en unos 180 trabajadores de Transportes Rober, Herederos de Gómez (línea 33) y Alhambra Bus"

"Además, el propio Ayuntamiento ha reconocido que con la nueva distribución de líneas van a perder ocho millones de viajeros, por lo que reconoce una merma en el servicio", según ha explicado el representante sindical.

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que la prestación del servicio "no pierda calidad" y que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo mediante la subrogación del mismo.

Por su parte, el secretario de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar (FTCM) de UGT Granada, Antonio Jesús Zarza, considera que además de los trabajadores, los más afectados por esta decisión del Ayuntamiento van a ser los ciudadanos, ya que se pierde "cantidad y calidad" en el servicio público.

"Los usuarios del transporte urbano van a ver cómo al mismo tiempo que disminuye el número de autobuses, aumenta el tiempo de espera en las paradas, además de que, al perderse líneas, muchos tendrán que hacer varios transbordos para recorridos que hasta ahora se hacían en un solo autobús, a lo que se suma la subida del precio del billete, según lamenta el representante de UGT.

Por ello, ha reclamado que a la futura empresa a la que se adjudique el contrato, sea Rober u otra, no se le aplique el Plan de Movilidad "a costa" de los puestos de trabajo y de la calidad del servicio.