El Ministerio Fiscal y más de una veintena de defensas de los imputados por el caso de las cesiones de crédito pidieron el jueves al tribunal que dicte un auto de sobreseimiento y no se celebre el juicio oral por este proceso, en el que está imputado el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín.

Después de una investigación que se ha prolongado durante 17 años, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudió este jueves las cuestiones previas planteadas por las partes, después de escuchar los cargos que mantiene la única acusación formalizada en el proceso: la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC).

ADIC pide 180 años de cárcel para Botín, los ejecutivos Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental cometidos en el ejercicio fiscal de 1989, y para otros veinte clientes que eran titulares o administradores de sociedades que compraron el producto de las cesiones de crédito de nuda propiedad.

Sin embargo, desde el Ministerio Fiscal y los abogados que defienden a Emilio Botín y los demás imputados se negó legitimidad a esta asociación para ejercer la acusación popular, hecho en el que se apoyó la juez Teresa Palacios para decretar la apertura de juicio oral.

A la espera de que ADIC rebata el viernes los argumentos expuestos por el fiscal Vicente González-Mota y las defensas, que incluso llegaron a pedir al tribunal que condene a costas a esta asociación, la otra acusación personada Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) deberá defender en este juicio su condición, porque no entregó el escrito de acusación en el plazo estipulado.

Así pues, el tribunal presidido por Javier Gómez-Bermúdez, pendiente también de que el Tribunal Supremo le notifique su decisión sobre su nombramiento, habrá de dictaminar sobre la situación de ICV, la apertura o no de juicio oral y otras cuestiones planteadas hoy como la prescripción de los delitos fiscales, que datan de 1989.

Después de consultar con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para fijar posición en este caso, Vicente González Mota coincidió en sus argumentos con el anterior fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, quien, en 2004, pidió el sobreseimiento por entender que las acusaciones populares "carecen de legitimación activa".

A juicio del Ministerio Público, la acusación "no tiene el derecho a que se declare inocentes o culpables porque no hay un procedimiento válidamente constituido".

El fiscal coincidió con el abogado defensor de Botín, Gonzalo Rodríguez Mourullo, en sus peticiones al tribunal para anular la acción acusatoria de ADIC, ligada al ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, quien mantiene un buen número de pleitos contra Botín -según explicó el letrado-.

Esta es la decimoquinta vez que, en estos doce años de procedimiento en los tribunales, el Ministerio fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa, mientras que la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, lo ha hecho ya en siete ocasiones.

De celebrarse el juicio oral, según el fiscal, se podrían estar vulnerando artículos como el 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como recordó además Rodríguez Mourullo, quien redactó el recurso de amparo presentado por Botín ante el Tribunal Constitucional por este motivo.

Entre 1987 y 1991, el Santander hizo cerca de 45.000 operaciones con cesiones de crédito y captó unos 400.000 millones de pesetas (2.400 millones de euros), aunque, según reiteran fuentes de la entidad, los clientes normalizaron su situación con el fisco en 1996 mediante declaraciones complementarias y, en su momento, este producto era "completamente legal".