La Cámara de Cuentas de Andalucía propondrá a los grupos parlamentarios que pueda tener potestad para poder sancionar a los responsables políticos y técnicos de las administraciones e instituciones públicas que no rindan sus cuentas o no las rindan en plazo, una sanción que se dirigirá "directamente a la persona, no a la institución".

El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha indicado que esta será una de las propuestas de modificaciones normativas que el ente fiscalizador pretende hacer a los partidos en el seno del Parlamento andaluz aprovechando la "buena oportunidad" que supone el próximo debate en el Parlamento andaluz sobre la Ley de Transparencia.

De esta forma, tienen previsto hacer una recopilación de propuestas que tienen que ver con la transparencia, para reunirlas y hacer un planteamientos global y conjunto al Parlamento, de forma que "la idea es sensibilizar a los partidos para que puedan acoger y mirar con buenos ojos las propuestas que mejorarán y favorecerán la transparencia y la rendición de cuentas, así como cumplir dicha rendición en los plazos establecidos, que es uno de los objetivos clave", ha destacado López, quien apunta que se intentará llegar a acuerdo en el pleno de la Cámara de Cuentas en este sentido.

López ha indicado que esperan poder trasladar esas propuestas, que deberán ser aprobadas por el pleno de la Cámara de Cuentas, antes del desarrollo de la Ley de Transparencia, tras lo que incide en que serán propuestas "que conllevaran cambios normativos, bien en la Ley de la Cámara de Cuentas o en la Ley de Hacienda Pública, todas ellas enmarcadas en la citada Ley de Transparencia andaluza".

Ha precisado que "se están estudiando una serie de medidas y propuestas, algunas ya expresadas por el propio ente fiscalizador, que deberá proponerlas a los distintos grupos del Parlamento, encargados de analizarlas y valorarlas y estudiarlas para su posible incorporación, todo ello en el marco de la Ley de Transparencia".

Entre las medidas, López ha apuntado una medida "de cierto calado y llamativa", que será la propuesta para que "se le dé potestad a la Cámara de Cuentas para establecer multas coercitivas a aquellas administraciones o entidades públicas que no rindan cuentas o no lo hagan en plazo".

No obstante, ha indicado que "la peculiaridad sería que la multa o sanción no recaería en la entidad, sino en los responsables personales de la rendición de cuentas, lo que afectaría al responsable político y al responsable técnico o funcionario a cuyo cargo estuviera esta responsabilidad de rendición de cuentas".

López considera que esta medida, que ya se aplica en el Tribunal de Cuentas estatal, "podrá ser realista y efectiva, pues se pondría el punto en la llaga sobre quien es el responsable en la rendición, en el caso de que no haya rendido cuentas o lo haga fuera de plazo, en esos caso asumirían consecuencias y se establecerían responsabilidades personales".

Ha indicado que esa propuesta implicaría "una modificación en la Ley de Cámara de Cuentas", toda vez que "se trata de una medida que apoyaría la capacidad de la Cámara para favorecer la rendición de cuentas y sería el ente fiscalizador el que multaría".

Asimismo, tras apuntar que "todavía no se ha pensado el régimen sancionador ni la cuantía de las multas", López ha indicado que "se podría valorar entre 600 y 3.000 euros, con una graduación; aun no sabemos, pero sí está claro que las cuantías de las sanciones deben ser significativas, de lo contrario el efecto será nulo".

Otras propuestas

En cuanto a otras medidas y propuestas que pretenden incluir en ese paquete con motivo de la Ley de Transparencia, López ha indicado que se propondrá que la Cámara de Cuentas, a través de una herramienta informática, haga un informe anual de seguimiento de recomendaciones de los informes que haga el año anterior.

Otra medida que propondrán será establecer un mecanismo "automático" que "permita verificar que los agentes fiscalizados están incorporando esas recomendaciones en sus prácticas y modelos de gestión", para lo cual habría que establecer una normativa "por la que, una vez transcurrido un tiempo determinado, sean los propios agentes fiscalizados los que obligatoriamente tengan que remitir un informe a la Cámara de Cuentas o el Parlamento, o a ambos, para ver qué medidas se están adoptando y si se están aplicando las recomendaciones efectuadas por el ente fiscalizador".

López ha apuntado otras medidas, que obligue a las instituciones y administraciones a rendir cuentas en plazo, toda vez que considera que "en la época en la que estamos, no es justificable, de ninguna manera, que un ente público no rinda cuenta en los plazos establecidos, pues esa rendición está vinculada a la transparencia y el ente publico debe esas explicaciones a la sociedad; la rendición de cuentas es un elemento clave de la democracia".

En ese sentido, ha apuntado una serie de medidas para favorecer dicha rendición y que en otras ocasiones se han referido, y que se unirían al citado paquete de propuestas que se quiere presentar, como el hecho de que "aquellas entidades públicas que no rindan cuentas en el plazo establecido, no tengan derecho a subvenciones; o incluso, como ocurre con el Estado con la paralización de las transferencias en relación con la participación en los tributos del Estado, se le paralice y no reciban la cantidad que les corresponda a los ayuntamientos de la Participación en los Tributos de la Junta, hasta que no hayan rendido".

López ha recordado que en los ayuntamientos "es especialmente bajo el índice de rendición de cuentas".

Asimismo, ha indicado otra medida que podría incorporarse, como el adelanto de fecha límite de rendición de la Cuenta General de la junta a finales de Junio, algo que "se ha solicitado de forma reiterada y que permitirá ganar dos meses y acortar plazos, de forma que podrían dar nuestro informe de la Cuenta General al año siguiente al que ésta hiciera referencia; se ganaría en oportunidad de la información y se ganaría en transparencia".