La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes, con los votos de PSOE, Foro, IU y UPyD una proposición no de ley de IU que pide al Principado que solicite al Gobierno de Mariano Rajoy que rectifique su decisión de no establecer para este año la paga extraordinaria de revalorización de las pensiones tanto de la Seguridad Social como de clases pasivas del Estado para adaptarlas al incremento real de precios y de no subir las pensiones en el Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto para 2013.

El PP ha votado en contra. Su diputada Susana López Ares ha insistido en que los pensionistas son "una prioridad" para Rajoy. Ha dicho que fue José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, quien congeló las pensiones, mientras que Rajoy las subió "aunque no tanto como quisiera". Ha culpado a los gobiernos socialistas de la situación actual. "Los pensionistas tienen memoria", ha manifestado.

Distinta es, sin embargo, la visión del resto de grupos parlamentarios. Marina Pineda, del PSOE, ha dicho que los argumentos del PP no tranquilizan ni a los pensionistas ni al resto de los ciudadanos. "Ustedes intentan engañar con el argumento de la herencia recibida", ha comentado a López Ares. Para Pineda la congelación de las pensiones por parte de Zapatero "no fue la decisión más acertada". Por eso, ha considerado que "rectificar es de sabios".

Desde IU sostienen que la no revalorización de las pensiones afectan a casi nueve millones de personas, con rentas ya bajas y a las que se les empobrece aún más. "Se añade a otras medidas que afectan a este colectivo, como el copago sanitario o la eliminación de la gratuidad de los medicamentos", ha explicado.

A Esther Landa, de Foro, le parece que la decisión de Rajoy contraviene incluso preceptos constitucionales. Considera que el PP "ha jugado con los pensionistas" al decir en campaña electoral que serían los últimos en ser perjudicados para hacer luego lo contrario.

En la sesión de control de este viernes también se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PP que solicita al Principado que regule el procedimiento de control de la entrada de facturas en la Administración, "para cumplir con los principios constitucionales de legalidad, igualdad ante la ley y seguridad jurídica".