La Junta de Castilla y León ha enviado ya al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su informe "crítico" sobre el anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el que se plantea que el cálculo del traspaso de las competencias municipales a las comunidades autónomas se realice por 'coste efectivo' y no por 'coste estándar' y que supondría en una primera valoración entre 700 y 1.000 millones de euros a las arcas autonómicas de la región.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado el documento que ya está en manos del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro y en el que también se recoge la necesidad de que la normativa estatal incluya una disposición adicional en la que se tengan en cuenta las peculiaridades y características territoriales y sociodemográficas de la Comunidad.

Se trata de un documento de 30 páginas "muy amplio" y "crítico" que parte de la base de que la reforma que ha emprendido el Ejecutivo regional "es necesaria" desde el principio rector que debe presidir todas las actuaciones de las administraciones como es el de "estabilidad presupuestaria".

Tras esta consideración el portavoz de la Junta se ha centrado en los puntos que han llevado a la Junta ha mostrarse en "desacuerdo" con el anteproyecto de ley desde la premisa de que el informe "no se ha elaborado contra nadie" sino "pensando en los ciudadanos de Castilla y León" y, más en concreto, en "aquellos que viven en el medio rural" y en la "mejor forma" de prestar servicios de calidad a los ciudadanos.

No obstante, De Santiago-Juárez ha reiterado que la propuesta de reforma de la administración local "es poco sensible con las peculiaridades del mundo local de Castilla y León", al tiempo que ha asegurado que la Comunidad es "la más afectada" por las modificaciones introducidas por el Ejecutivo central dadas sus características de territorio y población.

El portavoz de la Junta ha destacado que Castilla y León "defiende" y propone a través de sus aportaciones el modelo de ordenación territorial presentado por la Junta y cuyo anteproyecto ya está sometido a la evaluación del Consejo Consultivo tras un informe del CES en el que se aconsejaba que se "paralizase" hasta que se aprobara la normativa estatal.

Un documento que ha sido "valorado y tenido en cuenta" por la Junta que ha decidido no paralizar su tramitación porque "cuanto antes se apruebe mejor. "Es curioso que una institución de autogobierno sugiera que esperemos a ver que hace el gobierno central", ha aseverado, tras lo que ha reiterado que el proyecto de la Junta es "el más adecuado" para la Comunidad.

Como ha destacado De Santiago-Juárez, el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno de la Comunidad defiende el "municipalismo" y establece "herramientas" para que las entidades locales menores cumplan con lo que la Ley estatal les demanda como es la asociación voluntaria de municipios.

Las competencias

En el informe que la Junta ha remitido al Gobierno central se aclara la situación de las competencias "propias" que ahora ejercen los entes locales en materias como la educativa, sanitaria y servicios sociales y que tendría que ser asumidas por la comunidades autónomas. Así, De Santiago-Juárez ha señalado en ningún caso esas competencias son "impropias", ya que están reguladas por las referentes leyes de bases y sectoriales.

"Esto se debe aclarar en el anteproyecto", ha manifestado, tras lo que ha aclarado que la Junta no se opone a la transferencia de esas competencias siempre que sea "adecuadamente valorado" a través del la valoración del 'coste efectivo' en el que se tiene en cuenta la extensión, baja densidad y envejecimiento y no por 'coste estándar' mediante el que sólo se evalúa la población y es el que "más perjudica" a la Comunidad.

De este modo, el portavoz de la Junta ha señalado que en el momento actual y en una primera aproximación el coste de asumir estos servicios por la Junta estaría entre los 700 y los 1.000 millones de euros. En este punto, el portavoz de la Junta ha explicado que si los municipios dejan de prestar estas competencias deberán traspasar el dinero que dedican para que sean asumidas por la Comunidad autónomas a través con la base del 'coste efectivo'.

Nueva disposición adicional

La Junta de Castilla y León establece además a través de su informe la necesidad de que el anteproyecto de ley incluya una disposición adicional mediante la que se cree un "régimen especial" dadas las especiales características de la Comunidad que "no existen" en otras Comunidades.

En concreto, la Junta pide que se incluya que las comunidades con peculiaridades como su extensión, dispersión, baja densidad, envejecimiento y con un gran número de entidades locales con el 90 por ciento inferior a 5.000 habitantes dispongan de un año más en los plazos establecidos por la ley para cada actuación, "lo que permitirá a las entidades locales promover asociaciones voluntarias de municipios en mancomunidades".

Con esta disposición se introduciría en el anteproyecto de ley estatal el "modelo defendido por Castilla y León".

Ampliación de plazos

La normativa estatal establece un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley para la presentación de sus cuentes para mancomunidades y entidades locales, un punto que también ha sido enmendado por al Junta que pide que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2014 para las aprobaciones y elaboraciones de planes de corrección de desequilibrio financiero y para el cumplimiento de medidas de corrección y hasta el 1 de agosto de 2015 para su disolución automática si finalmente no se alcanza la situación de equilibrio financiero.

Por último, la Junta reitera su petición de que se convoque la conferencia sectorial para asuntos locales para abordar y negociar este anteproyecto de Ley.

"El proyecto del Gobierno no es bueno para Castilla y León el mundo municipal de España es muy diferente", ha concluido.