El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha presentado este miércoles un fondo de ayudas por importe de 120.000 euros destinados a alquileres de viviendas para personas desahuciadas, tal y como acordó el Ayuntamiento de la capital burgalesa en diciembre de 2012.

Se trata de una línea de ayudas directas para familias afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria, cuyas cuantías económicas oscilarán entre los 400 y 560 euros mensuales en función de las circunstancias concretas de cada caso.

Para concurrir a ellas, es necesario que el solicitante se haya visto afectado por un desahucio en 2012 o 2013, esté empadronado en la capital burgalesa, tenga un contrato de alquiler en vigor y no posea ningún bien patrimonial susceptible de utilización, dentro o fuera del término municipal.

A la hora de conceder las ayudas, de las que se beneficiarán cerca de 30 familias este año, se tendrán en cuenta una serie de criterios como el número de miembros de la unidad familiar o la existencia de menores o discapacitados en dicha unidad.

La resolución de las ayudas, que podrían concederse en un plazo que oscila entre las dos y tres semanas, contempla la entrega en un primer momento del 80 por ciento del total a percibir, mientras que el 20 por ciento restante se entregará cuando se realice la justificación pertinente de la ayuda.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá de abril a noviembre y contempla la posibilidad de aumentar la partida económica asignada, en caso de que la demanda así lo exija.

La intención del Ayuntamiento de Burgos es que esta línea de ayudas se mantenga en el futuro y que los grupos de la oposición y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca puedan realizar aportaciones al modelo previsto a lo largo de los próximos días, para lo que se les remitirá toda la documentación relativa.

Desde la organización de afectados, su portavoz, Rodrigo del Pozo, ha calificado de "maquillaje" la medida municipal y ha recordado que en anteriores contactos con el Ayuntamiento de Burgos se instó al equipo de Gobierno local a solicitar a las entidades bancarias la paralización de los desahucios.