El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, extiende a las sociedades del entramado empresarial vinculado al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, el análisis de cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión y otros activos financieros de su titularidad, de cara a su posterior embargo para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros impuesta contra ambos.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado alude en concreto a las empresas Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) y Aizoon, la sociedad cuya propiedad Urdangarin comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.

En su resolución, dictada este martes, el juez Castro oficia al delegado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a fin de que emita un informe acerca de qué disponen Urdangarin y Torres a efectos de ser embargado, "no habiendo aún" sido prestada la caución decretada en su día por el instructor del caso Nóos contra ambos imputados. Y es que fuentes judiciales precisaron a Europa Press que el hecho de que expirase el plazo para abonarla, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.

En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración de un primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el Consejo de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Gobierno balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global solicitada).

En la misma providencia, el juez ha accedido a la petición cursada por el sindicato Manos Limpias de cara a solicitar a la Agencia Tributaria que compruebe si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, la Infanta Cristina, el exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, se han acogido a la amnistía fiscal para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos.

La entidad, personada como acusación popular en la causa, solicitaba como medio de prueba que la Agencia Trubutaria acredite si todos ellos, al amparo del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, se han beneficiado de la amnistía fiscal "como personas físicas" así como por mediación de alguna de sus sociedades.