La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha adelantado que el Gobierno Municipal está a la espera de la autorización del Gobierno Central para destinar 1,8 millones de euros de la Tesorería al Plan de Empleo que dirigirá para parados sin prestaciones. El Plan será con financiación exclusivamente municipal y tendría a un centenar de gijoneses como beneficiarios.

Moriyón, en una entrevista con Europa Press, ha explicado que aunque la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo prohibía inicialmente, fue aceptada una petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que a los ayuntamientos saneados pudieran hacer uso de la Tesorería.

La FEMP, según la regidora, entendía que la Ley "castigaba" a los municipios que tenían sus cuentas en orden. Con todo, ha señalado que si el coste por beneficiario se estima en 18.600 euros -incluida la Seguridad Social—, la financiación de este Plan supondría 1.860.000 euros.

Este se uniría al plan municipal previsto para otro centenar de personas enmarcado en el Pacto de Concertación Local y que, ha avanzado, se intentará que se adelante la fecha de puesta en marcha de julio a junio, o, si es posible, a mayo. También empezará en breve el dirigido a universitarios, en la modalidad de beca o prácticas en empresas municipales, por el que se beneficiarán 50 jóvenes.

Está por ver aún lo que pasa con la financiación que pueda venir del Principado. En este sentido, ha dicho estar deseosa de saber como se concreta la parte que corresponde a Gijón, aunque ha recordado que tradicionalmente iba en función de la población desempleada de cada municipio. "El Ayuntamiento acude con mucho interés a esta convocatoria", ha asegurado.

"el resultado es la nada"

Sobre las relaciones con el Principado, ha indicado que se siguen "con toda normalidad por los cauces institucionales". "De momento, el resultado es la nada", ha asegurado sobre las peticiones hechas al Gobierno regional.

También ha referido a la parcela de la Semana Negra que hubo que devolver por sentencia a la Universidad de Oviedo. "Se entregaron bienes patrimoniales a cambio de nada", ha insistido, a lo que ha añadido que no ha oído al portavoz socialista, Santiago Martínez Argüelles, dar explicaciones convincentes sobre ello. Es más, le ha reprochado que lo peor de todo es que diga que seguiría haciéndolo igual.

"Le pasa lo mismo que a Rubalcaba" , ha dicho comparándolo con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Está encadenado a una gestión anterior", ha apuntado. La regidora ha remarcado que a Argüelles, como concejal de Hacienda y candidato a la Alcaldía en el pasado mandato, le "pesa" lo ocurrido con las cocheras de Emtusa y la Empresa Municipal de Aguas (EMA).

En el primero caso, la decisión del portavoz socialista, "a espaldas" del Consejo de Administración, supuso que en lugar de 18 millones euros las cocheras pasaran a costar 64. En cuanto al segundo, le ha echado en cara que ya tenga en su poder el informe realizado sobre las "irregularidades" de la EMA y no se haya pronunciado.

Con todo, ha dicho sentir que hasta la fecha, el Principado está "perjudicando" al Ayuntamiento, aunque ha precisado que lo está haciendo en realidad a los gijoneses. Como ejemplo, ha puesto la escasa inversión regional en la ciudad o que le niegue una partida para ayudas al alquiler que sí da a Avilés. En este punto, ha recalcado que es "rotundamente falso" que no se dé más dinero porque no se haya agotada la partida anterior como sostuvo IU-LV.

Sin riesgo para las empresas municipales

Sobre la nueva Ley de Régimen Local, ha indicado que se trata de una reforma que, aunque era reclamada por los ayuntamientos, "no es para nada profunda". A su juicio, está encaminada a dar salida a todas las encomiendas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mientras que no aborda de manera rigurosa todos los problemas que tiene la Administración Local.

Ha llamado la atención, especialmente, en que los grandes perjudicados van a ser los ayuntamientos pequeños porque pueden llegar a perder competencias y sería un paso previo a la fusión de muchos de ellos. "Todo el mundo entendía que había que regular las cosas, pero hay desigualdades muy importantes", ha advertido, al tiempo que ha opinado que el sueldo debería corresponde a la responsabilidad y dedicación ejercida, pero no suprimirse "de un plumazo". "Va a comprometer los servicios básicos, sobre todo de los ayuntamientos pequeños", ha augurado.

En lo que afecta a Gijón, ha apuntado que habrá que ver cómo repercute en las competencias y ha confiado en que la Federación Española de Municipios y Provincias pueda influir positivamente en el texto legal definitivo.

"Entiendo que en Gijón las empresas municipales no corren peligro por esta reforma", ha opinado. Según ella, primero es la autonomía financiera que tenga el municipio. Ha recalcado que se está trabajando en que las empresas municipales sean más eficientes y, como muestra, ha destacado que, a falta de cerrar el ejercicio, se prevén ahorros mayores que el año anterior.

"La gestión está encarrilada", ha apuntado, al tiempo que ha contrapuesto esta situación con la del mandato anterior, donde hubo anualmente, por ejemplo, que aportar dinero extra a Emtusa por importe de siete, ocho y hasta nueve millones de euros.

En cuanto a la reestructuración de las empresas municipales, ha apuntado que se está avanzando en esa línea y ha señalado que el objetivo primordial en estos seis meses primeros es la unión de Turismo y Festejos, ya que en el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), habrá que ver en un principio cómo queda la atribución de competencias con la nueva normativa local. En el caso del Botánico, casi seguro es que se incorpore a Emulsa.

Todo ello para ser más eficientes y conseguir un mayor ahorro, eso sí, sin reducir empleo ni mermar la calidad del servicio. En cualquier caso, ha apuntado que lo prioritario ahora es que Emvisa dé respuesta a los problemas sociales con el Servicio de Intermediación Hipotecaria o la reciente adscripción al convenio del Fondo Social de Viviendas para familias desahuciadas.