Las defensas del caso Almazaras se acusan entre ellas para pedir la absolución de sus clientes

Las defensas del caso Almazaras se acusan entre ellas para pedir la absolución de sus clientes

Las defensas de los siete acusados por la segunda querella del caso Almazaras de Priego de Córdoba han elevado este viernes a definitivas sus calificaciones, excepto el abogado del exsecretario de la sociedad de cooperativas N.R.J., quien la semana pasada ya solicitó la absolución de su cliente, en una sesión en la que se han acusado unos a otros en relación a los hechos que se juzgan, con el fin de pedir la absolución de sus clientes.

Las defensas de los siete acusados por la segunda querella del caso Almazaras de Priego de Córdoba han elevado este viernes a definitivas sus calificaciones, excepto el abogado del exsecretario de la sociedad de cooperativas N.R.J., quien la semana pasada ya solicitó la absolución de su cliente, en una sesión en la que se han acusado unos a otros en relación a los hechos que se juzgan, con el fin de pedir la absolución de sus clientes.

De este modo, el juicio que se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial durante tres semanas, con días intercalados, ha quedado visto para sentencia, después de que la Fiscalía Provincial de Córdoba y las acusaciones presentaron sus escritos el pasado viernes, manteniendo las condenas para los siete procesados, que se enfrentan a penas de un total de 44 años de prisión por la supuesta comisión de delitos societarios, de falsedad y estafa en la compraventa de aceite de oliva, por casi 650.000 euros, con contratos "ficticios" en la campaña 2004/2005, afectando a unas 2.000 familias, que reclaman una deuda de unos seis millones de euros.

En concreto, el letrado del presidente y el tesorero de Almazaras ha hecho referencia a "un frente común de las acusaciones y las defensas" contra sus clientes, en unos relatos que ha calificado de "incendiosas fábulas" y con "falsas afirmaciones". A su juicio, "se urge una trama" en la sociedad cooperativa con el exgerente, procesado en este caso, "generando un caos contable", que fue "buscado", según defiende.

Al respecto, detalla que "se niega documentación al consejo rector"; "se falsifican las firmas del presidente" en los contratos; "se manipulan las actas del secretario"; "se ocultan operaciones"; "se miente a los socios"; "se destruye documentación", y "se conspira contra el presidente". En definitiva, para él ha sido "una enorme y complejísima estafa", en la que "no existe ni una sola prueba" para imputar al presidente y el tesorero, que "no son responsables de lo que ha sucedido" y han tenido "la defensa más aguerrida para el patrimonio de los afectados".

Mientras, el letrado del responsable de Oleonostrum S.L. y corredor ha aclarado que la intervención de su cliente en este caso ha sido "totalmente legal", y es que, a su juicio, "no existe error en la entrega de los pagarés", al tiempo que ha subrayado que "las comisiones son totalmente legales". Por ello, ve "más que razonable la presunción de inocencia" y pide su absolución.

Por su parte, el abogado de los responsables de Oligra ha declarado que los agricultores de Almazaras "se dedicaron a especular" con el precio del mercado de aceite de oliva "no solo en la campaña del año 2004-2005, sino en la anterior"; al tiempo que acusa a Almazaras de llevar a cabo una línea de "especulación", que fue "la causa de la debacle" en la sociedad cooperativa.

En este sentido, ha manifestado que el exgerente llegó a firmar unos 300 contratos y "ninguna empresa comprobó si tenía poderes". Además, ha advertido que "puede que haya más pagarés falsos en otras operaciones" distintas a las que se han juzgado, a lo que apostilla que "no ha habido ninguna operación fraudulenta", de modo que "no existe delito de estafa, ni falsedad".

La fiscalía y acusaciones

Cabe destacar que tanto el Ministerio Público como las acusaciones, en este caso la popular ejercida por la Asociación de Afectados 'Almazeite', y las particulares —la propia sociedad de Almazaras y la cooperativa 'La Purísima', una de las cinco que conforman dicha sociedad—, han ratificado sus escritos "con matices", pero manteniendo las penas.

En concreto, los siete acusados son el exgerente de Almazaras de Priego P.J.Q.C., el exsecretario N.R.J., el presidente F.J.V., el tesorero A.P.T., los responsables de Oligra F.G.B. y J.M.G.M., así como el responsable de Oleonostrum S.L. y corredor, E.F.P., a los que el fiscal también reclama unos 288.000 euros de multas y una indemnización de unos 775.000 euros, según recoge la calificación del Ministerio Público.

La Asociación de Afectados de Almazaras de Priego de Córdoba 'Almazeite' se personó como acusación popular en esta causa en la que se investigaba el cobro "fraudulento" de unos 650.000 euros que presuntamente pudo realizar la empresa Oligra de Granada a Almazaras de Priego mediante supuestos contratos de compraventa de aceite "ficticios".

Supuestamente, según la acusación popular, los cerca de 650.000 euros expuestos procedían del beneficio que Almazaras pudor tener por la operación de compraventa de nueve millones de kilos de aceite en una operación y otros 2,4 millones en otra operación, afectando en la supuesta estafa a cinco cooperativas que integraban la sociedad Almazaras de Priego.

Una pérdida de casi 650.000 EUROS

En este procedimiento, según recoge el escrito del fiscal, se ha investigado la pérdida de casi 650.000 euros por parte de Almazaras en beneficio de Oligra. Por ello, Almazaras presentó una querella criminal contra el exgerente de Almazaras P.J.Q.C., contra los representantes de Oligra F.G.B. y su hijo J.M.G.M, y contra el representante de Oleonostrum, que actuó de intermediario, E.F.P., acusados todos ellos por la supuesta comisión de los delitos de estafa y falsedad documental, pidiendo el fiscal para el primero once años de prisión y una multa de 72.000 euros, y cinco años de cárcel y una multa de 36.000 euros para cada uno de los otros tres acusados.

Posteriormente, la Asociación 'Almazeite' logró ampliar la querella al presidente del consejo rector de Almazaras F.J.V.; al tesorero del mismo, A.P.T., y al exsecretario N.R.J., por la supuesta comisión de un delito societario y de un delito societario continuado, al no haber cumplido presuntamente la función de garantes para que todos los hechos que se investigaban no hubiesen sucedido.

Los hechos tienen su inicio el día 13 de septiembre de 2004, cuando se suscriben dos contratos. Por el primero, Almazaras compra a Oleoliva nueve millones de kilos de aceite a 370 pesetas el kilo que, posteriormente y según el segundo contrato, son vendidos a Oligra a 382 pesetas el kilo. Con dicha operación Almazaras, en principio, obtendría un beneficio neto de 0,07 euros por kilo, es decir, en total 649.136 euros.

Dicho contrato lo lleva a cabo y lo firma el exgerente de Almazaras P.J.Q.C., e interviene como corredor el representante de Oleonostrum E.F.P. Según el fiscal, el consejo rector de Almazaras es conocedor de dichas operaciones y del beneficio que se obtendría y se mostraron conformes con ello, ya que no consta en acta ninguna consideración en su contra.

Compra de nueve millones de kilos de aceite

El fiscal también indica en su escrito que Oligra podría haber gestionado directamente la compra de los nueve millones de kilos de aceite a Oleoliva a un precio menor y sin embargo optó por hacerlo a través de Almazaras, aunque, P.J.Q.C., E.F.P. y los representantes de Oligra, F.G.B. y su hijo J.M.G.M, se pusieron de común acuerdo y "guiados por el ánimo de enriquecimiento ilícito ajeno" redactaron posteriormente unos contratos de compra y venta, entre Almazaras y Oligra, de 2,4 millones de kilos de aceite.

Esa cantidad de aceite primero la vendió supuestamente Almazaras a Oligra, por 365 pesetas el kilo, y luego supuestamente la vendió Oligra a Almazaras, por 400 pesetas el kilo, con él ánimo, por parte de los acusados, de conseguir el beneficio de los 649.136 euros que Almazaras pensaba lograr con el contrato de los nueve millones de kilos, como supuestamente así ocurrió. La cancelación de estos contratos, por los que se habían entregado cantidades a cuenta, junto con la emisión de pagarés y el pago de corretajes, en algún caso hasta dos veces por la misma operación, suman la cantidad supuestamente estafada.

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