La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha subrayado que en este viernes, último de los tres días de huelga que ha vuelto a convocar dicho sindicato, como ya hiciera el pasado enero, en Laboratorios Pérez Giménez, "solo 33 de los 180 empleados han entrado a trabajar" en las instalaciones de esta farmacéutica, radicada en Almodóvar del Río (Córdoba).

En declaraciones a Europa Press, el responsable provincial de CTA en Córdoba, Francisco Moro, ha recordado que la huelga se ha vuelto a convocar para reclamar las diez nóminas que les siguen adeudando a los trabajadores, que también quieren saber "la cuantía de las aportaciones que la Junta de Andalucía ha hecho a esta empresa, conocer su destino y la gestión que con ellas han hecho los distintos administradores", razón por la cual se concentraron los trabajadores el primer día de huelga ante la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, como ya hicieron el pasado enero, mientras que este jueves lo han hecho en los Ministerios y este viernes, finalmente, han repetido ante el Ayuntamiento de Córdoba, como también hicieron el pasado enero.

En relación con las aportaciones económicas de la Junta a Laboratorios Pérez Giménez, CTA ha recordado que hace unos meses presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz "por una subvención que los laboratorios habían recibido de la Junta de Andalucía vinculada al mantenimiento de puestos de trabajo, cuando despidieron a 16 trabajadores", y según ha subrayado el sindicato aún está "esperando la respuesta del señor Chamizo".

Entre tanto, según ha señalado CTA, la empresa está inmersa en un "concurso de acreedores promovido por el administrador único, ya destituido por el juzgado, Sergio Martínez, mientras que el concurso en sí se encuentra en la fase de convenio, que expira el próximo día 25 de febrero".

En este contexto, "aunque hay varios grupos empresariales interesados en la adquisición de estos laboratorios, parece ser que ninguno está dispuesto a entrar en su accionariado en la fase de convenio, por lo que probablemente la compañía vaya a la liquidación activa, es decir, a la liquidación con actividad, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores".

Además, según el sindicato convocante de la huelga, "hasta la fecha nadie ha exigido responsabilidades de la gestión que se ha hecho en la compañía y quienes están pagando las consecuencias de esa gestión de ingeniería financiera son los trabajadores, a los que se les deben diez nóminas, de las cuales el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) como máximo pagará cuatro, mientras que las indemnizaciones no se cobrarán, puesto que son acreedores prioritarios la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y el desempleo es posible que no lo puedan cobrar, porque no se ha pagado la cuota obrera ni patronal a la Seguridad Social. Es decir, condenan a los trabajadores a la indigencia".

Por todo ello, en CTA entienden que "la convocatoria de huelga está más que motivada", ya que en el sindicato no pueden permanecer "impasibles ante tanto atropello en contra de los trabajadores y sin que nadie exija responsabilidades".