El PP de Granada propondrá a su comité ejecutivo, que celebrará una reunión en la primera semana de marzo, abrir un expediente administrativo para aclarar "lo que está ocurriendo en Atarfe", donde dos de los seis ediles en el Ayuntamiento han roto la disciplina del partido en varias ocasiones y han provocado la destitución de su presidente y portavoz local, José Manuel Aranda, en las empresas municipales de Proyecto Atarfe y Acidesa.

Así lo ha señalado a Europa Press la secretaria general del PP granadino, Luisa García Chamorro, que asegura que en este caso el PP prevé "aplicar los estatutos" y estudiará "de quién es la responsabilidad" de lo que está pasando, remitiendo a Sevilla el expediente para su estudio.

Las concejales han llegado a romper la disciplina del PP hasta en cuatro ocasiones votando a favor de propuestas del equipo de gobierno, del PSOE, o de forma distinta al resto de su grupo municipal, lo que llevó al presidente y portavoz, José Manuel Aranda, y al resto de concejales 'populares', a remitir sendos escritos a la dirección provincial informando del asunto y solicitando la suspensión de militancia de las dos.

Además, en abril de 2012, en cuanto el comité ejecutivo del PP de Atarfe tuvo conocimiento de que una de las concejales, en este caso María del Carmen Contreras, estaba relacionada con el caso 'Mercamed', por la imputación de su marido, el empresario G.A.G., de la empresa GM Ocio C.B., éste pidió por escrito al PP granadino que se tomaran medidas contra esta edil para evitar que el asunto acabara "arruinando" la "buena imagen" del partido.

Preguntado por este asunto, Aranda dijo a Europa Press que considera "una vergüenza" que continúe en las filas del PP una concejal que presuntamente "come y vive" de la falsificación de facturas por parte de su marido, imputado "en una de las mayores corruptelas de la provincia".

Para el presidente del PP local, el partido a nivel provincial tiene que tomar una "decisión y rápida" con respecto a estas dos concejales, puesto que se están convirtiendo en el apoyo de un equipo de gobierno que tiene como alcalde al socialista Tomás Ruiz Maeso, que se sentará próximamente en el banquillo por la concesión presuntamente irregular de las licencias de primera ocupación de las viviendas del residencial Medina Elvira pese a estar inacabadas, y está acusado en otros casos de supuestas irregularidades urbanísticas junto a su antecesor en el cargo, Víctor Sánchez. "Es un golpe de estado de estas dos concejales que se han arrodillado a presuntos corruptos", advirtió Aranda.