La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Begoña Fernández, ha opinado este jueves que el informe de la Fiscalía sobre el expediente de concesión de ayudas a barrios degradados a los vecinos de Francisco Eiriz (Jove) demuestra que, pese a no haberse detectado irregularidades delictivas, la actuación del Gobierno Local fue "reprochable".

Fernández, en rueda de prensa en la Casa del Pueblo el mismo día en que se le ha remitido el informe fiscal por parte de la Alcaldía, ha llamado la atención sobre que el escrito alude a la "autodenuncia" de la alcaldesa. Para ella, esto pone en evidencia que la regidora quiso llevar el caso a los tribunales a sabiendas de que iba a ser archivado, para así exculpar la actuación municipal de cara a la opinión pública.

No obstante, ha remarcado que la fiscal jefe de Gijón, Rosa Suárez, señala en su consideración tercera que pese a que es la comunidad de vecinos la adjudicataria de la subvención y para ello debe presentar antes tres presupuestos similares de tres empresas, no es menos cierto que este requisito es "en cierto modo amplio o genérico, laxo como lo tacha la testigo -la edil socialista Begoña Fernández— o más bien teórico". En este caso, se señala que es la comunidad vecinal quien elige a la empresa de estas tres, cuya oferta coincide con la más económica.

Dicho esto, aclara sobre las dudas del PSOE a que estos tres proyectos se remitan desde la misma dirección de correo postal, que "claramente se deriva del conjunto de la investigación que se trata de empresas que actúan en común, o de alguna manera de acuerdo, y que claramente ofrecen a los vecinos su colaboración, tanto en lo que se refiere a la ejecución de la obra en sí, como respecto de la gestión de los trámites burocráticos previos requeridos para la concesión de las ayudas, lo que en absoluto va en contra de la legalidad, la cual se respeta".

Con todo, Fernández ha insistido en que, cuanto menos, el Gobierno Local ha sido "negligente" con el gasto público, como tampoco fue riguroso en los procedimientos y menos transparente en la adjudicación. Asimismo, ha instado a Moriyón a explicar cómo es posible que, en este contexto económico, se concedieran 3,7 millones de euros de subvención con unas bases genéricas y si en Urbanismo no se dieron cuenta de que estas empresas actuaban en común, o de alguna manera de acuerdo.