Señala que hay gastos de 170.000 euros sin justificar, cantidad que otro perito de la defensa rebaja a la mitad como máximo

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Un auditor propuesto en calidad de perito por Mercasantander sostiene que no está acreditado que la exgerente, Paloma González-Tarrío, gastase todo lo sustraído de la empresa pública, unos 805.000 euros, en jugar y subraya que hay disposiciones en efectivo y en cheques por valor de 170.000 con destino desconocido, una cantidad sin justificar que otro perito propuesto por la defensa rebaja a un máximo de 84.000 euros.

Así lo ha expuesto este miércoles en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Cantabria contra la exgerente de Mercasantander, acusada de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, para la que se piden entre 8 y 18 años de prisión.

El informe del perito de Mercansantander, realizado en 2009 pero no aportado a la causa hasta la pasada semana, señala, utilizando como base el dictamen de Ana Campos, la auditora que examinó la contabilidad de la empresa pública al descubrirse las irregularidades, que la exgerente dispuso 805.000 euros de la entidad cuando la diferencia entre lo ganado y lo perdido en sus apuestas en los casinos online ascendía, según los gastos acreditados en la cuenta examinada por ese concepto, ascendía a unos 635.000 euros.

En el juicio, José Antonio Flores, representante legal de Auditex, la empresa que realizó ese informe y que actualmente audita las cuentas de Mercasantander, ha explicado que si se resta lo dispuesto por la exgerente de la empresa y lo utilizado para saldar la deuda de 635.000 en el juego, hay un remanente a favor de 170.000 euros, del que se desconoce su destino pues se usaron cheques o disposiciones en efectivo con conceptos en los que no se aclara a dónde van.

Junto a Flores, ha declarado en el juicio el auditor Justo Estival, quien, por encargo del marido de la acusada, Andrés Fernández del Cotero, realizó un estudio de todos los extractos de la cuenta que compartía el matrimonio, clasificando éstos por aquellos que se correspondían con ingresos y gastos propios de la unidad familiar —agua, luz, colegios, entre otros— y aquellos que eran ajenos a esta.

Cuestionado por las cifras planteadas por Auditex, Estival ha señalado que en el examen realizado por dicha firma, y tampoco en el de Campos, no se toman en consideración los 86.000 euros devueltos a Mercasantander, con lo que ha sostenido que, "en el caso más extremo", la cantidad sin justificar en las cuenta de la exgerente y su marido ascendería a 84.000, y no a 170.000.

Además, el abogado del marido de la acusada ha defendido que, a la vista de las declaraciones del representante de Auditex, no se demuestra que los 170.000 euros de remanente a favor no hayan ido al juego, sino que es algo que no está justificado, o que hayan ido en beneficio de la unidad familiar de la que forma parte su cliente, Andrés Fernández del Cotero.

Por otra parte, ni en el informe de Campos ni en el de Auditex se computa como perjuicio a Mercasantander los 300.000 euros que se deben a BBVA de un crédito suscrito por la exgerente, a nombre de la empresa pública y falsificando la autorización del Consejo de Administración, al considerar, según ha explicado Flores, que dicha cuenta es "ajena" a dicha sociedad porque se abrió sin conocimiento y sin permiso de ésta.

Al igual que en la jornada anterior, la abogada del BBVA, y este miércoles también el abogado del marido de la acusada, ha recordado que desde la cuenta de crédito de esa entidad bancaria se pagaron deudas de Mercasantander.

PSIQUIATRAS

Por otra parte, en esta nueva sesión del juicio, han declarado tres psiquiatras que trataron a González-Tarrío, en 2007 y 2008 tras descubrirse las irregularidades que cometió al disponer de fondos de Mercasantander.

Los tres han coincidido en su diagnóstico, en el que consideran que la acusada padece ludopatía, y han señalado que el comportamiento manifestado por la exgerente, en lo relativo a su ocultamiento de la enfermedad o a su capacidad de cometer actos delictivos —pese a ser consciente de ellos— para conseguir dinero para jugar, encaja con el de aquellos que sufren esta enfermedad.

Estos psiquiatras han subrayado que el ludópata mantiene el entendimiento, pero tiene "severamente afectada" su voluntad y "no es capaz de controlar su impulso de jugar". "Un adicto cuando gana o pierde no es capaz de parar", ha afirmado uno de estos especialistas, que han apuntado que éste es uno de los rasgos que, al parecer, diferencia al jugador patológico del social.

También han coincidido en que la acusada les transmitió que su entorno, incluido su marido, eran "totalmente ajenos" al problema que padecía hasta que no descubrieron sus irregularidades.

De hecho, uno de estos profesionales ha explicado que, en una conversación que mantuvo con el marido de la acusada, percibió que estaba "en estado de shock porque no se había dado cuenta de nada".

Además, varios de ellos han explicado que González-Tarrío les transmitió que su marido le estaba apoyando y ayudando con la enfermedad, vigilando de que no volviera a recaer, encargándose del control de las cuentas y de examinar los gastos de la exgerente.