La presidenta del PP de Cudillero, María del Carmen Pérez García, ha presentado una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el anterior alcalde socialista del Municipio, Francisco González, 'Kiko', actualmente diputado en la Junta General. La concejala 'popular' lo acusa de haber firmado un acuerdo para que un funcionario municipal cobrase sin acudir a su trabajo desde el año 2008, a cambio de que retirase un contencioso que había presentado por una reclamación salarial.

En una rueda de prensa en Oviedo, Pérez ha mostrado el documento del supuesto acuerdo, de septiembre de 2008, que el exalcalde habría firmado con dicho funcionario. Citando el mismo, explica que este trabajador lleva desde 2008 sin acudir a su puesto de trabajo y cobrando su sueldo íntegro, en virtud de un "permiso retribuido". Así se mantendría hasta que "reúna los requisitos para pasar a la modalidad de contrato relevo, o en su defecto, hasta que le corresponda la jubilación definitiva", señala textualmente remitiéndose al mencionado contrato.

Según la versión del PP, esta fue la solución que halló el anterior primer edil, "a cambio de que este funcionario renunciase a un contencioso administrativo, que había presentado contra el Ayuntamiento, por el cual reclamaba 90.962 euros, como diferencia salarial por haber ejercido funciones de superior categoría" a la que le correspondía, la de administrativo.

Pérez ha explicado que su partido "siempre había sospechado múltiples situaciones anómalas" en el personal del Ayuntamiento. Fue precisamente durante las comisiones informativas de agosto y septiembre del pasado año, a raíz del ERE que afectaba a los trabajadores municipales, cuando el PP tuvo conocimiento de la situación de este trabajador.

Preguntada por la razón por la que los 'populares' no han denunciado el asunto hasta ahora, Pérez ha sido clara: "todavía no teníamos la documentación que lo demostrase". De hecho, la líder 'popular' local sospecha que ha habido más casos similares, pero "no hemos tenido acceso a ningún documento que lo avale", ha matizado.

Se trataría, según ha confirmado preguntada por los periodistas, de "un acuerdo personal con soporte oficial". Con el papel en la mano, la edil ha confirmado que se trata de un texto sellado y "con firma del alcalde".