El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que prevé la prórroga del Plan Prepara y su renovación automática cada seis meses mientras el desempleo no baje del 20% con los votos a favor de PP, CiU, PNV y UPyD, y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur, BNG y Geroa Bai.

A pesar de que todas estas formaciones se habían ofrecido a cambiar su voto en contra por la abstención si se aceptaba tramitar el decreto como proyecto de ley —petición que han compartido todas las formaciones durante el debate—, finalmente la mayoría absoluta de los 'populares' ha impedido ese trámite.

Por eso, tanto los socialistas como IU-ICV y el resto de izquierda minoritaria han mantenido su 'no', frente al apoyo a la convalidación que han otorgado los nacionalistas catalanes y vascos y UPyD, que considera muy necesario prorrogar estas ayudas a los parados de larga duración que han agotado sus prestaciones, aunque fueran susceptibles de mejora. CC-NC y ERC sí han optado por la abstención.

Cambios en las peonadas

El decreto incluye asimismo cambios en el acceso al subsidio por desempleo o la renta agraria para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, que se han visto afectados por el descenso de producción del olivar a consecuencia de la sequía. El Gobierno ha decidido por ello reducir de 35 a 20 las jornadas mínimas cotizadas que son necesarias para poder acceder a este subsidio.

Asimismo, se prevé que se puedan beneficiar de esta medida los trabajadores que hubieran presentado la solicitud del subsidio o de la renta agraria a partir del 1 de septiembre, aunque para ello deberán presentar un nuevo escrito.

Finalmente, el texto incorpora cambios en la reposición de la duración del derecho a la prestación contributiva por desempleo, al ampliarse en un año el plazo para los trabajadores afectados por expedientes de suspensión de contratos (hasta el 31 de diciembre de 2013) y de reducción de jornada (hasta el 31 de diciembre de 2014).

También se amplía hasta fin de año el plazo para efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación, una modalidad de contratación que fue introducida con la reforma laboral y que debía expirar el 12 de febrero.