El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha querido dejar claro este jueves que va a trabajar para recuperar hasta el "último euro indebidamente utilizado" del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que el PP-A ha expresado sus dudas de que realmente se esté trabajando en ello.

En respuesta a una pregunta del PP-A sobre este asunto, el consejero ha señalado que se está actuando con los procedimientos que se marcan para este tipo de actuaciones y "con la celeridad correspondiente".

"Este consejero va a trabajar para recuperar hasta el último euro indebidamente utilizado y no va a intervenir en el proceso judicial", ha sentenciado Antonio Ávila, quien ha pedido al PP-A que deje de mentir y respete el procedimiento que se está siguiendo.

Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha insistido en preguntar al consejero si realmente el Gobierno andaluz está haciendo todo lo posible para recuperar más de 1.200 millones de euros defraudados. Ha señalado que una vez destapado el fraude, los ciudadanos exigen responsabilidades judiciales y políticas y que se devuelva el dinero defraudado para que se destine a planes de empleo.

Ha señalado que si bien la consejería empezó a reclamar hace varios meses por carta a los intrusos de los ERE que devolvieran el dinero, solo se han recuperado 188.000 euros de 1.200 millones, es decir, "nada". Ha reprochado a la Junta que esté haciendo "caso omiso" a las recomendaciones del Consejo Consultivo para recuperar el dinero, con lo que parece que se deja la puerta abierta a que beneficiarios y empresas "no devuelvan el dinero" indebidamente utilizado.

"¿De verdad su Gobierno quiere recuperar el dinero o se desentiende del dinero que ha acabado en paraísos fiscales por parte de aseguradoras?", ha preguntado Alicia Martínez al consejero.

De otro lado, Antonio Ávila ha señalado, en respuesta a otra preguntada del PP-A sobre pago de comisiones en el caso ERE, que efectivamente la Junta tuvo conocimiento, por la fiscalización de la Cámara de Cuentas, de esos gastos externos, lo que provocó que se solicitara información a las compañías de seguro, al tiempo que se procedió a pagar solo la prima única que cada beneficiario tenía derecho a recibir.

El consejero ha aludido en su intervención a la aprobación, el pasado mes de octubre, por parte del Consejo de Gobierno del decreto que articula un sistema alternativo para regular las ayudas sociolaborales, adaptado a la actual coyuntura, y que elimina cualquier intermediario, de manera que la administración autonómica asume el abono de las nuevas ayudas.

Ha indicado que esas comisiones a las que ha hecho referencia el PP-A están siendo objeto de análisis judicial y que la Junta va a seguir siendo la primera en colaborar con la justicia.

Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Carmona ha pedido al consejero que explique si ha habido alguna actuación en relación con la recuperación de ese dinero destinado a comisiones y por qué la Junta las pagaba cuando no venían en ningún documento.

Se ha mostrado convencido de que se podrían haber evitado esas comisiones, si se hubiera sacado a concurso la adjudicación de la pólizas. Ha insistido en preguntarle si es verdad que la Junta no se enteró de sus existencia hasta el informe de la Cámara de Cuentas.