El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, defendió en junio, cuando declaró como imputado en el denominado caso 'Umbra', —que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio—, que la corporación municipal tomó todas y cada una de las decisiones amparadas por los informes técnicos, que, en todo momento, "señalaban que cumplían" con lo establecido.

En su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha reiterado que él no es técnico, por lo que no se mete en cuestiones técnicas si no que se basa en informe que, en todo momento "fueron favorables".

Además, son los concejales de cada áreas los que se encargan de hacer el seguimiento y sólo cuando hay alguna incidencia se la comentan, cosa que no ocurrió, aseguró.

"Si no lo hacen entiendo que el trámite se desarrolla con normalidad".

El primer edil negó que tuviera un interés especial en sacar ese convenio a toda costa por el rédito político que pudiera obtener, si no que él no detectó -porque no fue informado- ninguna anomalía en el convenio, "que no elabora la Alcaldía".

De hecho, contó, esta opción de construir el estadio no fue la única que se barajó, pero se optó por la que consideraron, según los informes técnicos y legales, más positiva.

Sujeta a convenio de uso

Además la cesión de la gestión estaba sujeta a convenio de uso, con una gestión de hasta 50 años, "no era una concesión administrativa de uso, era una cesión sujeta a unas condicionantes" y en aquel momentos "nadie planteó ninguna cuestión".

Tras lo que señaló que ni él ni el resto de la Corporación municipal "recibimos ningún tipo de advertencia o alerta acerca de nada relacionado con el texto del convenio", respecto a que podía tener alguna duda desde el punto de vista legal.

En este sentido y a preguntas del titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, el primer edil insistió en su declaración el pasado mes de junio en que "no requerían el uso, sí la gestión", el uso es de titularidad municipal, no del Real Murcia, "que utiliza el campo y se hace cargo de los gastos del mismo". En aquel momento el campo de golf, continuó Cámara, "nos interesaba desde el punto de vista para la atracción y promoción de Murcia".

A preguntas del fiscal, Juan Pablo Lozano, el alcalde asegura que el protocolo de Nueva Condomina se firmó a iniciativa del Real Murcia, al tiempo que negó que ese protocolo se firmara para que el Real Murcia pudiera tener financiación con la compra de terrenos.

"El convenio urbanístico es un desarrollo del Plan General, que dice que quien pueden desarrollarlo es el propietario", añadió.

La aprobación inicial, apuntó el primer edil de Murcia, "estaba calificada como suelo económico dotacional de grandes sectores", es decir, que "era urbanizable, pero no residencial".

Otro punto que llamó la atención del fiscal es la indemnización que se le pagó a los dueños de unas granjas porcinas del lugar de 68,8 millones de euros. Cámara defendió que es algo que se suele hacer cuando una actividad es incompatible con el desarrollo que se plantea y lo que se hace es indemnizar por el traslado y cese de actividad y ese trámite pasó por información pública y por los servicios de la Comunidad, sin que nadie detectara irregularidad.

En relación al convenio del Casino, Cámara destacó que se trataba de una actuación de interés municipal, muy demandada por los ciudadanos y que de otra forma el Ayuntamiento no podría hacer por el coste de las obras.

Fueron el presidente del Casino, Juan Antonio Megías, y el concejal de Urbanismo en ese momento, Fernando Berberena, quienes le comentaron que había una fórmula legal para hacerlo: que la parte privada del convenio urbanístico asumiera el coste de la rehabilitación del edificio a cambio de no entregar el dinero al que venía obligada por los terrenos incluidos en el acuerdo. se impuso a los rectores del Casino un uso público y municipal.

Operación umbra

La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.