Los promotores murcianos han resaltado la necesidad de que se produzca, en el conjunto nacional, una "auténtica reconversión urbanística", apostando por un nuevo concepto, el de "microurbanismo", en el sentido de que se pueda viabilizar "cualquier proyecto por pequeño que sea".

Así se desprende de un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, elaborado por el grupo de trabajo urbanístico de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), en el que participan las principales empresas del sector inmobiliario de la Región de Murcia, y que tiene el refrendo de la Junta directiva de dicha asociación.

En esta línea, los promotores murcianos ponen de manifiesto que "todos los desarrollos que se han planificado y que ahora tienen que desarrollarse abarcan una extensión de terrenos que resultan inabordables en los tiempos que estamos", por lo que llama la atención sobre el hecho de "viabilizar cualquier proyecto, por pequeño que sea, ya que ello generará puestos de trabajo".

Sin microurbanismo, según explica a Europa Press el presidente de Apirm, José Hernández, "no se llevará a cabo promoción alguna este año".

Prueba de ello, destaca, es que en los nueve primeros meses de 2012, que son los últimos datos totalmente contrastados del Ayuntamiento de Murcia que tienen, "apenas se había dado licencia para 50 viviendas unifamiliares, ninguna para promotores o cooperativas", teniendo en cuenta que el municipio de Murcia representa, en cuanto a actividad de producción de vivienda, "el 35 por ciento de toda la Región".

Datos que contrastan con los de 2011, cuando "se consiguió dar licencia para 400 viviendas y el anterior, con más de 700", por lo que advierte que "o se viabiliza cualquier proyecto o no se conseguirá poner en marcha nada".

El microurbanismo, según ha explicado Hernández, "es un nuevo concepto que se introduce por la crisis", en virtud del cual lo que se propone es que "garantizando la habitabilidad de las viviendas o las posibilidades de puesta en marcha de actividades, se permita la construcción de cualquier desarrollo, dividiendo las unidades de actuaciones a su mínima expresión y exigiendo la urbanización mínima imprescindible".

Como ejemplo, señala que "si un promotor tiene que hacer un desarrollo para 3.000 viviendas y sólo hay uno que puede hacer 200, pues para hacer esas 200 viviendas, critica, se me exige hacer la urbanización de 3.000 viviendas, algo imposible de ejecutar".

Esta propuesta ya ha sido trasladada tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos de la Región, siendo "conscientes", según ha revelado Hernández, "de que debe impulsarse, ya que si no, no se iniciará ninguna promoción con la generación de recursos e impuestos que ello conlleva". Reclama, en este sentido, "un gran pacto regional para abordar este problema".

Hernández ha denunciado públicamente que los promotores "nos encontramos atados de pies y manos, porque sin financiación para acometer nuevos proyectos o dar salida a los existentes, con una demanda a la baja y un exceso de oferta, hoy en día estamos centrando nuestros esfuerzos en lograr la supervivencia de las empresas y mantener los puestos de trabajo".

Define el urbanismo murciano como "una carrera de obstáculos, un sector de actividad donde el retorno de tu inversión no se puede planificar en el tiempo, ni cuantificar con un mínimo de seguridad y eso lo convierte en alto riesgo".

Por lo que se refiere a su configuración, Europa "está imponiendo una vuelta a la ciudad compacta, pues consume menos suelo y es más económica y sostenible que la ciudad en extensión. Tendremos que tender a eso".

Igualmente, desde Apirm se apuesta por "una legislación que simplifique al máximo los trámites urbanísticos, garantizando los derechos e intereses de todas las partes", ya que "existe la imperiosa necesidad de potenciar la eficacia del silencio administrativo".

"Ante la inacción y la pasividad de la Administración, no es de recibo que el perjuicio recaiga en los administrados, tanto en las empresas como en los particulares", reprocha Hernández, quien aboga por "establecer las funciones de cada administración, municipal, autonómica y estatal y no duplicar competencias y responsabilidades".

En su opinión, para conseguir una mayor agilidad de cualquier proyecto que se tramite "deberían presentarse los proyectos sin errores y completos en su documentación, lo que no solía ocurrir por la celeridad con que actuábamos todos".

También cree fundamental que "se apueste decididamente por una legislación urbanística ágil, y flexible, que permita adaptarse a la realidad económica que se impone en cada momento".

La corrupción y la legislación "farragosa"

Tras considerar que el urbanismo en Murcia y en el resto de España "está configurado para que se desarrolle en épocas de bonanza y aún así, cualquier trámite se eterniza", reconoce que en época de crisis, "los problemas e inconvenientes se multiplican, de manera que a los problemas de financiación y demanda que existen en la actualidad se une una legislación urbanística lenta, farragosa, arbitraria y poco clara que dificulta la puesta en marcha de proyectos".

En cuanto al colapso de expedientes en la época de bonanza, dice que se podía justificar "por la acumulación de expedientes", pero indica que "no es de recibo que ahora, en una época en que apenas se presentan nuevos expedientes, se siga tardando lo mismo en tramitar un proyecto".

Por tanto, resalta la necesidad de "un gran pacto nacional para aportar estabilidad a la legislación urbanística", dado que el urbanismo "se encuentra judicializado, lo que está provocando una auténtica parálisis e inacción de cualquier responsable".

En esta línea, el presidente de los promotores murcianos ha expresado su más enérgica "condena y repulsa" a la corrupción urbanística, ya que "es una auténtica lacra para todos los empresarios que jugamos limpio y un grave perjuicio para la sociedad civil".

No obstante, entiende que "muchos procesos del ámbito urbanístico deberían haberse ventilado en la vía contencioso-administrativa y no en la penal".

La corrupción "perjudica", señala Hernández, quien justifica este extremo porque "quien actúa bajo el amparo de la corrupción está compitiendo en ventaja respecto al empresario profesional". "Es una competencia desleal y una lacra que se tiene que erradicar y nos está perjudicando en el sentido de que cualquier funcionario que tenga que firmar una autorización o un informe, por miedo no lo está haciendo", indica.

Empresas que se marchan de murcia

Del informe se desprenden varios casos que han ocurrido en Murcia más de una vez, como consecuencia de la legislación urbanística actual. Como es el caso de un polígono industrial que en un principio había proyectado parcelas de 2.000 metros para que se implantaran empresas, "porque ese era el tipo de demanda que existía".

Pero si ahora la demanda es de naves pequeñas, "adaptadas a la nueva realidad", de escasos 300 metros cuadrados aboga por llevar a cabo "unos trámites urbanísticos que podrían dilatar dicho cambio hasta cinco años".

Esa empresa "al final decide marcharse de Murcia", dejando claro que el urbanismo "no se tiene que convertir en una traba, sino todo lo contrario, a través de la fexibilización".

También se da el caso de "industrias o superficies de distribución que no se implantan en una determinada zona de Murcia, porque no tienen las mínimas garantías de que esa parcela se vaya a desarrollar en tiempo y en costo, con la demora en la tramitación y la inseguridad de los gastos que se le puedan echar encima".