La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha trasladado a IULV-CA, socio del PSOE-A en el Gobierno andaluz, que la Junta "no tiene competencias" sobre el proceso de integración de Banca Cívica —de la que forma parte la entidad andaluza Cajasol— en Caixabank y tampoco dispone de "información adicional" sobre el impacto de esta operación en el empleo, las finanzas y la economía de la comunidad.

Martínez Aguayo se ha pronunciado de este modo en una respuesta parlamentaria al diputado de IULV-CA por Cádiz, Ignacio García, que se había interesado por conocer "qué actuaciones podría emprender la Junta para evitar las consecuencias negativas de la fusión o absorción de Cajasol por La Caixa" que, en su opinión, "podría ser nula de pleno derecho" por "exceder ampliamente" los acuerdos de fusión entre Caixabank y Banca Cívica.

En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular de Hacienda asegura en primer lugar que, "al tener las dos entidades la naturaleza de bancos, y no de cajas de ahorros, la operación no entra dentro del ámbito competencial de la comunidad autónoma", aunque la Consejería "tramita el expediente de autorización por el Consejo de Gobierno de la transformación de Cajasol en fundación de carácter especial", acordado en asamblea general extraordinaria a finales de diciembre.

Según Martínez Aguayo, "la información de que dispone el Consejo de Gobierno" sobre el impacto de la fusión de Cajasol por La Caixa "es la que se encuentra disponible en la página web de las dos entidades bancarias intervinientes, y en la información facilitada y disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el resto de organismos competentes" y no cuenta con "información adicional al ser una fusión entre dos entidades sobre las que no tiene competencias".

Dentro del contexto del sistema financiero español

Con carácter general, la consejera señala que "el proceso de integración de Banca Cívica en CaixaBank se enmarca dentro del contexto actual del sistema financiero español y las obligaciones que para todas las entidades financieras, y en concreto para las integrantes de Banca Cívica, conlleva la reforma de todo el sistema financiero".

"El proceso de integración por fusión de las dos entidades bancarias no entra dentro del ámbito competencial de la comunidad autónoma", insiste Martínez Aguayo, que defiende que dicho proceso "se debe enmarcar dentro de los que está experimentando el sistema financiero español, y en concreto el andaluz, para fortalecer su estabilidad, solvencia y capacidad de actuación, para poder seguir prestando a la sociedad andaluza y a sus empresas sus servicios financieros de forma eficiente".

Por todo ello, la titular de Hacienda concluye que "las actuaciones del Gobierno andaluz se enmarcan dentro de sus competencias para permitir y facilitar la continuidad de la obra social ejecutada en Andalucía tanto por la Caixa como por la fundación de carácter especial que se va constituir como consecuencia de la transformación obligatoria de Cajasol, dejando de ser una entidad de crédito".

IULV-

Ca cuestiona la operación

El parlamentario de IULV-CA recordaba en su pregunta que los acuerdos de fusión publicados en la web de la propia entidad catalana reflejan que la fusión por absorción "se ha establecido, única y exclusivamente, entre Caixa Bank y Banca Cívica", en la que se integró Cajasol junto con las cajas de ahorros de Navarra, Burgos, Guadalajara y Canarias.

A su juicio, ello supone que "la fusión entre los dos bancos no puede afectar a la estructura de las cajas de ahorros que son sus accionistas", de forma que "la integración de Cajasol en la estructura de La Caixa podría ser nula de pleno derecho, por exceder ampliamente los acuerdos de fusión entre los dos bancos".

En este sentido, García señalaba que estos acuerdos entre ambos bancos "deben ser ratificados por las cajas como propietarias de los mismos, pero nunca hasta el punto de terminar con su existencia, absorbidas por la mayor de ellas, pues esa opción no está contemplada en los acuerdos de fusión".

En su opinión, las consecuencias de este proceso "pueden ser importantes para la economía y las finanzas andaluzas", ya que puede llevar aparejado "el cierre de oficinas y el despido de miles de trabajadores andaluces y, además, que se detraiga la inversión en Andalucía, al pasar los ahorros de los andaluces a engrosar los ingresos de otra comunidad autónoma".