El Consejo de Gobierno ha acordado este martes la formulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, previsto en el Decreto-ley de medidas urgentes aprobado el pasado 27 de noviembre para garantizar la preservación de la franja costera de la comunidad. Esta norma establece un plazo de dos años para la aprobación del documento, cuyo texto inicial deberá someterse a información pública en seis meses.

El Plan de Protección del Corredor Litoral fijará los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento municipal para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como en todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de preservación, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En consonancia con ello, el documento incluirá como objetivos generales preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los espacios litorales; evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los costeros; favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de ambos, y armonizar la regulación del suelo no urbanizable en los municipios del litoral andaluz.

El acuerdo de formulación aprobado este martes establece que la elaboración del plan corresponderá a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, además de crear una comisión de redacción que se encargará de emitir dos informes sobre el documento: uno antes de su exposición pública y otro después de las modificaciones que se incorporen.

La comisión de redacción estará presidida por la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta e integrada por representantes de este departamento, así como de las consejerías de Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda; Salud y Bienestar Social; Turismo y Comercio, y Cultura y Deporte; de la Administración General del Estado, y de los correspondientes municipios.

Para garantizar el cumplimiento de las previsiones del plan durante su elaboración, el Decreto-ley de medidas urgentes ya estableció —desde su entrada en vigor— la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de los municipios litorales no adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

A partir de la exposición a información pública, esta medida se mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el documento. Independientemente de ello, los municipios que actualmente se encuentran en proceso de revisión y adaptación al POTA podrán continuarlo con normalidad.

El trámite de información pública se prolongará durante dos meses con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de los agentes económicos y sociales, así como de la ciudadanía en general. Tras la tramitación y resolución de las correspondientes alegaciones, el plan será aprobado de manera definitiva por el Consejo de Gobierno en un plazo no superior a dos años.

Cooperación frente al enfrentamiento

Miguel Ángel Vázquez ha querido dejar clara la voluntad de la Junta de llevar a cabo un proceso participativo, de diálogo y abierto al resto de administraciones y al conjunto de agentes sociales económicos implicados en la materia. Ha recalcado que se quiere poner el énfasis en la "cooperación, frente al enfrentamiento" y en el crecimiento ordenado, frente a la especulación y la burbuja inmobiliaria.

Preguntado sobre las reticencias que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha planteado a este decreto durante la ronda de reuniones sobre el 'pacto por Andalucía', ha indicado que la Junta ya manifestó en su día que el decreto continuaría su trámite ordinario y para nada tiene que afectar al citado pacto, que "marcha a buen ritmo".

Por su parte, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha manifestado que para que el modelo turístico de Andalucía sea competitivo, tiene que ser sostenible territorialmente y medioambientalmente para que sea sostenible económicamente.

Se ha mostrado convencido de que los empresarios turísticos con los primeros interesados en que el producto turístico sea de vanguardia y de calidad, porque es la manera de generar riqueza y empleo. Ha expresado que le asombra que haya dirigentes políticos que juegan un papel institucional en defensa de determinados territorios urbanísticos y que, en realidad, están defendiendo a grandes promotores inmobiliarios en lugar de a los empresarios turísticos.