La Universidad de Valladolid (UVA) ha incrementado para este curso, con dos convocatorias que sumarán 37.000 euros, 16.500 más que hace un año, las ayudas de emergencia social destinadas a los estudiantes con una situación económica que haga peligrar la continuidad de sus estudios.

Según ha informado la institución académica a través de un comunicado remitido a Europa Press, la primera convocatoria se abre ahora, con 20.500 euros (similar al total del curso 2011/12), mientras que posteriormente habrá una segunda, dotada con 16.500, ambas promovidas por el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes.

Sobre todo, dichas ayudas están destinadas a quienes se les haya denegado las becas del Ministerio de Educación u otras ayudas públicas al estudio, así como a situaciones sociales diversas que pueden repercutir en el desarrollo académico.

El plazo de la primera convocatoria finaliza el 31 de mayo, y habrá una segunda a lo largo del curso en la que se incrementará esta cuantía hasta completar los 37.000 euros.

Se convocan tres modalidades de ayudas de emergencia social: las directas para paliar la situación económica y que no cuenten con otras ayudas públicas; las ayudas individuales para estudiantes discapacitados que necesitan un apoyo especial de una tercera persona o el transporte adaptado para acceder a los centros docentes. Existe una tercera modalidad que son las ayudas de guardería o educación infantil que complementen los gastos que supone llevar a un hijo de hasta tres años a estos lugares mientras se asiste a las aulas.

Las ayudas directas y para estudiantes discapacitados tendrán una cuantía mínima de 300 euros y una máxima de 2.500 euros, mientras que en la ayudas de guardería tendrán un máximo de 30 euros al mes hasta un máximo de once mensualidades.

Una de las novedades de esta nueva convocatoria será la incorporación, en los colectivos que tienen preferencia a la hora de optar a las ayudas, de las víctimas de violencia de género. Además de este grupo, también tienen prioridad aquellos estudiantes huérfanos o integrantes de familias monoparentales, quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, tanto ellos como sus progenitores; hijos de padres pensionistas, perceptores de subsidio de desempleo o similares, cuyas rentas sean insuficientes para posibilitar los estudios universitarios del solicitante o la condición acreditada de estudiante universitario refugiado.