El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha señalado este viernes que los acuerdos vigentes para la ejecución de la sentencia de derribo de Vuelta Ostrera "no son la solución", porque si éstos se cumplieran "en sentido estricto", habría que demoler la depuradora y construir una nueva "en un plazo de dos o tres años", lo que supondría un coste de entre 80 y 100 millones de euros.

"No está Cantabria ahora como para gastar ese dinero en sustituir una depuradora que funciona perfectamente y que debe seguir funcionando el tiempo suficiente como para poder amortizar la instalación", ha dicho el consejero en respuesta a las críticas del PSOE, que ha pedido al Gobierno que "amplíe" o al menos "mantenga" los acuerdos para la ejecución de la sentencia del Supremo.

Fernández ha defendido que la reforma de la Ley de Costas "no es un disparate", como sostiene el PSOE, sino "al contrario, es el instrumento adecuado" para conseguir una solución "transitoria" que permita "sacar todo el juego" a la depuradora de Vuelta Ostrera respetando al mismo tiempo el principio de respeto y cumplimiento de las sentencias.

Para conjugar ambos principios, algo que ha reconocido es "difícil de concretar", se está negociando en el Senado una enmienda para introducir en la reforma de la Ley de Costas una disposición adicional que garantice el funcionamiento "a pleno rendimiento" de Vuelta Ostrera "durante un tiempo razonable y lo suficientemente amplio como para amortizar la vida útil de la depuradora", a través de una norma "con suficiente rango legal para poder plantearla ante el Tribunal Supremo con solvencia jurídica".

Se busca, de esta forma, "una cobertura legal real y basada en hechos lógicos", porque "cualquier ciudadano vería absolutamente disparatado demoler hoy Vuelta Ostrera", con el "quebranto" que ello supondría para las arcas públicas, máxime en las circunstancias económicas actuales. No obstante, el consejero avanzó que la propuesta que se lleve al Supremo no incluirá un plazo concreto de funcionamiento de la depuradora.

Acuerdo en el senado

Tras reconocer que no fue posible alcanzar un acuerdo en este sentido cuando la reforma de la Ley de Costas pasó por el Congreso, el consejero ha reiterado su "optimismo" y se ha mostrado "convencido" de que conseguirán el acuerdo en el Senado, y si no fuera así, ha dicho, "yo personalmente no lo considero un fraude", como han denunciado este jueves los socialistas, porque "desde que llegamos estamos intentando buscar una solución".

Sobre la expropiación de la sentencia, que el PP defendió como solución cuando estaba en la oposición, el consejero señaló que esa posibilidad "se planteó hace años". "Seis años después es complicado jurídicamente plantear la expropiación", máxime habiendo un acuerdo entre las partes para la ejecución de la sentencia, agregó.

Por otro lado, el consejero ha destacado, a preguntas de los medios de comunicación, que la asociación ecologista ARCA, que fue la que promovió y ganó la sentencia del Supremo, ha mostrado "un comportamiento ejemplar" al "dar por hecho que no se puede demoler Vuelta Ostrera hasta que no haya una nueva depuradora.

Fernández ha señalado que "por supuesto" ARCA "tiene mucho que decir" en este proceso, y en este sentido, ha explicado que una vez conseguido el acuerdo sobre la enmienda a la reforma de la Ley de Costas, hablarán con la asociación ecologista sobre los pormenores de su aplicación.