El sindicato UGT ha planteado la necesidad de afrontar una "profunda reforma" con la supresión de las actuales diputaciones provinciales y las 239 mancomunidades que existen en Castilla y León que serán sustituidas por una "estructura única" para toda la Comunidad que no superaría las 65-70 unidades territoriales básicas, entre comarcas y áreas funcionales.

Así consta en el documento de observaciones y sugerencias al anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León que ha elaborado UGT y que ha sido recogido por Europa Press donde se justifica la desaparición de las diputaciones, que son "estructuras decimonónicas" en que son instituciones "comodín" que pretende auxiliar "de la mejor manera" a los ayuntamientos y que no tienen competencias propias.

Al respecto, UGT ha explicado que las unidades básicas deben establecerse "mediante un sistema de demarcaciones" de carácter permanente y estable y podrán ser de naturaleza interprovincial o subregional con implantación en el medio urbano y en el rural.

Así, en el medio rural estas demarcaciones se articularían a través de las comarcas naturales, con arraigo histórico en Castilla y León, como las áreas funcionales, que se fijarían según criterios económicos y sociales. En el medio urbano la articulación se hará a través de las áreas metropolitanas que las formarán las nueve capitales de provincia y sus entornos urbanos.

Para llevar a cabo esta articulación desde UGT se propone un proceso de comarcalización para espacios con características geográficas, económicas, sociales e históricas "afines", comarcas que no tiene como fin "sustituir a los actuales ayuntamientos" sino ser un instrumento "básico de cooperación intermunicipal".

En los territorios donde no exista afinidad social o arraigo histórico se establecerá un sistema de áreas funcionales que tendrán como objetivo impulsar y fortalecer el desarrollo económico y social y hacer frente a los problemas de despoblación y a los desequilibrios territoriales.

Junto a las áreas funcionales y las comarcas se articularán las áreas metropolitanas que estarán formadas por las capitales de provincia y los núcleos de población próximos a partir de la "correcta" redacción de unas directrices de Ordenación del Territorio. De esta manera, las capitales de provincial y los núcleos próximos podrían trabajar "de forma conjunta y coordinada en materia de política de vivienda, transporte, seguridad, medio ambiente, políticas sociales e infraestructuras".

Desarrollo económico y social

Junto a esta organización territorial será necesario un desarrollo económico y social para lo que es necesario, según UGT, el fortalecimiento de los sistemas públicos de infraestructuras que afectan a la calidad de vida como la vivienda, ciclo del agua y comunicaciones; los servicios territoriales que soportan los servicios a la ciudadanía, como educación, sanidad y protección; y las infraestructuras territoriales que facilitan el desarrollo como el comercio, la industria, el ocio o el turismo.

Asimismo, desde el sindicato se plantea la ordenación de las estructuras político-administrativas con la ordenación de los servicios públicos y las políticas que son competencia de la Junta, por lo que es necesario "un único mapa que tome como referencia las comarcas o áreas funcionales, además de que el modelo de territorio de Castilla y León debe ir acompañado "de actuaciones de carácter adicional extraordinario con el fin de recuperar unos niveles adecuados de población, renta, empleo, infraestructuras y dinamización de la actividad productiva".

Para ello, UGT plantea un plan de convergencia interior, que aparece en el Estatuto de Autonomía, y el desarrollo de la Ley sobre el Derecho de los Ciudadanos a Vivir y Trabajar en Castilla y León.

En el apartado de Observaciones, UGT recoge que el anteproyecto de Ley subordina la visión de Comunidad a los intereses provinciales al transferir desde el Gobierno de la Junta la responsabilidad política de la configuración del mapa de ordenación a las provincias, además de que se refuerza el papel de las diputaciones y pospone aspectos "sustanciales" de la ordenación a posteriores desarrollos reglamentarios con plazos "inconcretos o bastante amplios".