Como si se tratase de electrodomésticos, las viviendas van a tener de manera obligatoria una etiqueta energética. Pero de tan anunciada, su retraso empieza a no entenderse. Diversas entidades relacionadas con la certificación energética de viviendas reclaman al Gobierno que apruebe ya –como se esperaba– el decreto que ponga en marcha el procedimiento.

Así las casas tendrán una etiqueta energética, por su potencial para activar la rehabilitación y aumentar el ahorro de energía. El sector no se explica por qué el real decreto que debería obligar a tener un certificado energético al vender o alquilar una vivienda sigue en los cajones del Ministerio de Industria a pesar de que se ha superado el plazo fijado por Bruselas para su aprobación.

Así lo asegura el presidente de la Asociación española para la calidad en la edificación (Asece), Adrián Sánchez, quien califica el retraso como "una tomadura de pelo". "Este año he estado en bastantes congresos y desde el ministerio siempre han dicho que la aprobación era inminente", critica Sánchez.

El proyecto de real decreto del Ministerio de Industria, que salió a consulta pública en julio del año pasado, fijaba el 1 de enero de 2013 como fecha límite para que todas las viviendas objeto de compraventa o alquiler contaran con un certificado energético.

El certificado, que ya se usa en las casas de nueva construcción, lo pagará el propietario del inmueble que quiera vender o alquilar, y tendrá una validez de diez años. Es una etiqueta similar a la que se utiliza en los electrodomésticos, con un código de color y una letra que va de la "A" (la más eficiente) a la "G" (la menos eficiente) en función de las emisiones de carbono por metros cuadrados de vivienda.

Según Asece, más de 15.000 propietarios han solicitado a la asociación presupuesto para la contratación de la etiqueta energética de sus viviendas, pero no pueden empezar hasta que el Gobierno apruebe la normativa.

Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que ha recibido una subvención de la Fundación Biodiversidad para desarrollar un programa de sensibilización de actores clave –como administradores de fincas– sobre la certificación energética de viviendas, no se explican el retraso.

Según su responsable, Jose Luis López, la etiqueta "provocará que los propietarios emprendan acciones de rehabilitación, es una palanca para impulsar la rehabilitación energética del parque existente y generar empleo".

Cuando un propietario contrate a un técnico para certificar su casa, recibirá una serie de recomendaciones para mejorar el ahorro energético, que si se toman voluntariamente aumentarán el nivel de la etiqueta. "Tendrá un efecto real, si tienes que escoger entre dos pisos similares, la gente decidirá por el gasto de energía, un gasto que ahora está oculto al comprar o alquilar", opina López.

Lo mismo opina el gerente de la Fundación La Casa que Ahorra, Alberto Coloma, quien cree que esta etiqueta servirá para "visibilizar el derroche de energía en las viviendas".

En España, el 80% de los hogares, unos 18 millones, necesitan una rehabilitación energética para mejorar sus sistemas de calefacción y aislamiento y aumentar el ahorro, según el Centro Nacional de Energías Renovables (Cener).

La directiva comunitaria 2012/27/UE sobre eficiencia energética –contra la que votó España– ha fijado un objetivo de ahorro de energía del 20% para 2020.