El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente en las Corts Valencianes, Francesc Signes, ha solicitado al Consell que libere "de manera urgente" el suelo reservado al trasvase del Ebro, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya afirmado, en una sentencia, que concurría la "extraordinaria y urgente necesidad" tanto en la derogación de los preceptos de la ley del PHN, como en las declaraciones de interés general establecidas en el Real Decreto.

Así, ha señalado en un comunicado que el Consell "debe actuar", ya que, además, el Gobierno central "no tiene ninguna intención de ejecutarlo y la reserva de suelo perjudica al desarrollo económico y social de los pueblos afectados".

El objetivo de esta reserva de suelo, aprobada por el Consell, era mantener protegido el territorio por el que deberían haber transcurrido las obras de transferencia de aguas desde la cuenca del Ebro hasta las cuencas mediterráneas del Júcar y del Segura. Un proyecto que, según ha indicado Signes, "finalmente, cómo ha quedado demostrado desde que el PP accedió al poder, no piensan realizar y, sin embargo, han dejado protegidos 155 km2 de suelo no urbanizable que discurren desde el término de Vinarós hasta Orihuela".

De hecho, según ha recordado, el PAT, que afecta a 65 municipios de la Comunitat, "ha provocado la denegación de numerosas actividades urbanísticas, turísticas e industriales desde el año 2005, y una grave limitación de los crecimientos futuros de la economía valenciana, con un injustificado perjuicio sobre los propietarios y municipios por los que discurre", ha dicho.

Por ello, los socialistas han presentado una Proposición no de Ley en las Corts Valencianes con carácter de especial urgencia porque la sentencia del TC ha demostrado que "la voluntad única y real del PP en cuanto al trasvase del Ebro era la del desgaste político contra el gobierno socialista, ya que, tras acceder al poder, eliminaron cualquier referencia al trasvase en sus programas", ha lamentado.

Además, Signes ha insistido en que mantener protegidos estos terrenos "entra en contradicción con las medidas de impulso y dinamización de la actividad económica que permiten incentivar las iniciativas empresariales" y que fueron aprobadas por el PP a comienzos de 2011.