El secretario general de la Sección Sindical Intercentros de CCOO en la ONCE, Roberto Abenia, ha exigido este miércoles en Ceuta a los responsables "ejecutivos e institucionales" de la organización "que hagan públicas sus retribuciones", ya que entiende que "una entidad de derecho público tutelada por el Estado como ésta debe comportarse como la mujer del César y, además de ser honrada, parecerlo".

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la ciudad autónoma para preparar las elecciones sindicales en la organización, Abenia ha denunciado que "el esfuerzo para asegurar la viabilidad económica y social de la ONCE lo estamos haciendo los trabajadores" y ha considerado "gravísimo" que se esté sancionando a empleados discapacitados "por no facturar un mínimo de alrededor de 5.000 euros mensuales sin tener en cuenta su situación personal".

"Los argumentos de baja rentabilidad están omnipresentes en los casos de despido que se están registrando en la ONCE, donde se han destruido entre 600 y 700 puestos de trabajo durante 2012", ha criticado el sindicalista, a quien le parece "incomprensible" que se promocionen "contratos a tiempo parcial que reportan a sus beneficiarios sueldos de 350 euros mensuales mientras seguimos desconociendo las retribuciones de los directivos".

"En Comisiones Obreras somos los primeros partidarios de incrementar la producción de la empresa, pero teniendo en cuenta el grado de discapacidad de cada trabajador y los factores que no dependen de la plantilla y repercuten en su trabajo, como la crisis económica; el menor poder adquisitivo de nuestro mayor nicho de mercado, los mayores; o la existencia de canales físicos de comercialización en estancos, gasolineras y otros establecimientos", ha agregado.

CCOO-ONCE ha reclamado a la empresa "que sea neutral en las elecciones sindicales, algo que aunque parezca increíble tras tantos años de democracia no siempre ha pasado" y se ha comprometido a batallar "por la supresión de los contratos 'junior', que dan pie a una doble escala salarial injusta", y "por restringir la externalización de los canales de venta de nuestros productos, que perjudican la estabilidad en el empleo, reservando la distribución del cupón a los vendedores tradicionales".