Las denuncias por marisqueo ilegal aumentan un 55% a causa de la crisis y el paro

Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, han cerrado el año 2012 en Huelva con un total de 332 expedientes sancionadores por marisqueo ilegal, un número que dobla a los 147 interpuestos en 2011 como consecuencia de las dificultades económicas que rodean al actual contexto de crisis y paro.
Coquinas Inmaduras.
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EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA
Coquinas Inmaduras.

Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, han cerrado el año 2012 en Huelva con un total de 332 expedientes sancionadores por marisqueo ilegal, un número que dobla a los 147 interpuestos en 2011 como consecuencia de las dificultades económicas que rodean al actual contexto de crisis y paro.

En total estos servicios han cerrado el año con 438 expedientes, correspondiendo el 75,8 por ciento al marisqueo ilegal, mientras que el resto están asociados a la pesca deportiva, un sector en el que se han registrado 20 infracciones menos que en el curso anterior, según los datos recogidos por Europa Press.

El total de expedientes, resultado de la labor de control y vigilancia permanente de los distintos eslabones de la actividad, tanto de la extracción y la comercialización como de la distribución y la restauración, para asegurar la trazabilidad de los productos pesqueros, se ha visto incrementado en el año que acaba de concluir en 165 sanciones, un 60,4 por ciento más.

Estas cifras se sitúan más próximas a las de 2010, cuando se registraron 389 denuncias, de las cuales 246 fueron por marisqueo ilegal y 143, por pesca deportiva.

Por su parte, la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Carmen Lloret, ha advertido, en este sentido, "del doble riesgo" que supone la entrada de pescado inmaduro en el mercado.

Por un lado, según ha indicado Lloret, por "la amenaza que supone para la sostenibilidad de los caladeros, los recursos naturales y el empleo; y, por otro, porque la captura de ejemplares que no cumplen con la talla mínima supone un serio peligro para la salud pública", al tratarse de productos que no cuentan con la garantía de haber superado los controles sanitarios obligatorios.

La delegada, en este punto, ha recordado la importancia que tiene, como complemento de la labor de los servicios de inspección, la sensibilización de la población para que renuncie al consumo de pescado sin el correcto etiquetado.

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