El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha manifestado este viernes su "compromiso" de "limpiar el buen nombre" de la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, y "hacer rentable" esta empresa participada mayoritariamente por el Consistorio e intensamente sacudida por presuntas irregularidades de mandatos anteriores y los problemas económicos. La plantilla, como es sabido, promueve actualmente un calendario de movilizaciones contra la liberalización emprendida para los servicios que presta en la lonja de pescado, extremo que supondría el despido de un centenar de los 198 trabajadores.

En declaraciones a los medios de comunicación en una visita al barrio de La Oliva, el alcalde de Sevilla ha defendido que el concejal delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, Gregorio Serrano, "se ha reunido en multitud de ocasiones" con la plantilla, que ha aplazado la huelga convocada para la jornada de este viernes reclamando al primer edil una reunión para debatir el conflicto desencadenado a cuenta de la liberalización de los servicios de la lonja de pescado. "Estoy comprometido en limpiar el buen nombre de la compañía y hacerla rentable", ha manifestado el primer edil, toda vez que el pleno del Ayuntamiento ha aprobado ya la modificación de reglamentos necesaria para la citada liberalización de servicios.

La liberalización de estos servicios implicaría un expediente de regulación de empleo (ERE) que extinguiría aproximadamente la mitad de los puestos de empleo de la empresa. El gremio de empresarios mayoristas de pescado se ha ofrecido a contratar en la medida de lo posible a los empleados afectados, pero naturalmente en condiciones al margen del convenio colectivo de Mercasevilla. En ese sentido, el comité de empresa viene reclamando al alcalde que acepte reunirse personalmente con los representantes de la plantilla.

Expediente en la comisión europea

La liberalización de los servicios de la lonja parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.

Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El pronunciamiento del parlamento europeo

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación, toda vez que el derecho comunitario sería "inaplicable" en este caso al estar la empresa exclusivamente sujeta a la "regulación estatal".

Para el comité de empresa, en ese sentido, la liberalización de los servicios de la lonja de pescado es simplemente una decisión "política" derivada de los compromisos adoptados por el PP con el gremio de mayoristas de pescado.