Las familias desahuciadas por no poder pagar su hipoteca, para las que el Gobierno prometió ayudas en forma de alquileres sociales, aún deberán esperar unos meses. Los primeros alquileres para desahuciados se asignarán el 31 de marzo de 2013.

Los ministerios de Economía, Fomento y Sanidad, el Banco de España, la FEMP, ONG y la mayor parte de las entidades financieras han alcanzado un acuerdo sobre el contenido esencial del convenio para la constitución del fondo social de vivienda (FSV), que regulará su funcionamiento futuro.

El convenio para que colectivos en situación vulnerable (familias desahuciadas) accedan a un alquiler social se firmará la tercera semana del próximo mes de enero y la primera asignación de viviendas a los beneficiarios se hará el 31 de marzo de 2013.

Según informa el Ministerio de Economía y Competitividad, cada banco constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas, ampliable posteriormente, y las ofrecerá a sus propios clientes inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria.

El fondo contará inicialmente con 6.000 viviendas de entre los inmuebles que no se cedan a la Sareb, la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca, conocida comúnmente como banco malo.

Los bancos darán información de las características básicas de las viviendas integradas en el fondo a los eventuales beneficiarios, ayuntamientos, diputaciones provinciales y ONG que realicen proyectos de inclusión social y también facilitarán estos datos a través de sus sucursales y en sus páginas web.

Los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple los requisitos. Al arrendatario se compromete a destinar ese inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en la que lo recibió.

Las solicitudes se dirigirán a las entidades de crédito, que evaluarán la idoneidad del posible beneficiario a partir de un informe sobre su situación social que elaborarán los ayuntamientos o diputaciones provinciales en un plazo de 15 días.

Tal como adelantó el ministro de Economía, Luis de Guidos, solo podrán acceder a una vivienda del fondo las personas desalojadas de su vivienda habitual desde el 1 de enero de 2008 por impago de la hipoteca que cumplan alguno de los requisitos de especial vulnerabilidad estipulados en el real decreto por el que se paralizaron durante dos años los desahucios.

El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar.

Para acceder a una vivienda hay que tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no poseer una vivienda en propiedad.