Unas 2.000 personas secundaron este lunes la manifestación convocada en Santander por la Cumbre Social de Cantabria contra los últimos recortes y tasa adoptados por el Gobierno y la no revalorización de las pensiones en función del IPC.

La movilización partió poco después de las 19,30 horas de la Plaza de Numancia con una pancarta de cabecera en la que se leía "Defiéndete. Contra los recortes en las pensiones, contra las tasas judiciales, las privatizaciones, los despidos salvajes y la falta de protección social".

Una hora después los manifestantes llegaron a los Jardines de Pereda, donde Enrique Revilla, portavoz de la Cumbre Social, leyó un manifiesto en el que reiteró la reivindicación de un referéndum sobre la política de recortes del Gobierno porque, según dijo, "los últimos recortes de los Presupuestos de 2013, la no revalorización de las pensiones y la nueva ley de tasas judiciales son nuevos motivos para convocarlo".

Revilla aclaró que "pese al éxito rotundo de la huelga general del 14 de noviembre y de las movilizaciones sociales que la acompañaron, tanto el Gobierno de España como el de Cantabria continúan infringiendo derechos sociales y colectivos y desmantelando prestaciones y servicios esenciales", por lo que la Cumbre Social seguirá impulsando movilizaciones.

"El Gobierno del PP ha incumplido ahora sus promesas a los ciudadanos al no revalorizar las pensiones conforme al IPC, ha modificado los criterios de utilización del fondo de reserva, arriesgando la viabilidad futura del sistema, y lo ha hecho vulnerando el Pacto de Toledo", subrayaba el manifiesto.

En relación a la no actualización de las pensiones en función de la inflación de noviembre, la Cumbre Social recalcaba que "todo esto, sumado a la implantación del copago para los pensionistas en el Sistema Nacional de Salud, supone un hachazo a las condiciones de vida de más de ocho millones de pensionistas con consecuencias muy negativas para el consumo".

"Primero la reforma laboral, los salarios de los empleados públicos y los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras; después, recortaron la enseñanza y la sanidad públicas, la prestación por desempleo, los servicios públicos sociales, la dependencia, la igualdad, la justicia o la inversión", afirmó Enrique Revilla, antes de recalcar que "ahora tocan las pensiones".

"Como evidencia del fracaso de las políticas de recortes, 27 de cada 100 ciudadanos españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social (117.000 en Cantabria), un 4,1% más que en 2008", señaló.

Sin acceso a la justicia

En el manifiesto se criticó también la nueva ley de tasas judiciales y el anteproyecto de ley de Reforma de la Ley de Justicia Gratuita, de la que dijo, "incluye medidas restrictivas del derecho de la tutela judicial efectiva, convirtiendo el acceso a la justicia en algo inalcanzable".

Además, se rechazó "la respuesta del Gobierno a la dramática situación de los desahucios, que es tan insuficiente que excluye a la mayoría de los afectados y no atiende a las propuestas de las plataformas de afectados y la iniciativa legislativa popular promovida por numerosas organizaciones y colectivos o las planteadas por los grupos parlamentarios".

Asimismo, se criticó que el Gobierno está vulnerando el principio de la sanidad pública, universal y gratuita con planes para privatizar la sanidad pública en algunas autonomías gobernadas por el PP junto con los decretos "que han acabado con la cobertura sanitaria universal mediante el copago farmacéutico y de algunos servicios y la fragmentación de la cartera de servicios sanitarios para introducir el cobro a los usuarios".

También se rechazaron los recortes en atención a la dependencia con "cuidadores familiares dados de baja en la Seguridad Social, el cierre de centros de atención a los dependientes, la desaparición de programas de ayuda y la eliminación de servicios públicos y concertados".

Asimismo se criticaron los recortes en educación y una reforma del sistema educativo que, para la Cumbre Social, se basa "en una ideología ultraconservadora y clasista y en la vulneración de los derechos lingüísticos de las comunidades autónomas".